El Gobierno aprueba la ley para frenar el desperdicio de alimentos: estas son sus principales medidas

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentarioimpulsada por el Ministerio de Agricultura, que llegaba al Consejo de Ministros en segunda vuelta para ser remitida a las Cortes e iniciar su trámite parlamentario.

Una norma que el titular del ramo, Luis Planas, ha anunciado como un "instrumento jurídico pionero" para prevenir un despilfarro con consecuencias económicas, ambientales, sociales y éticas. Con la aprobación de esta norma, España se convierte en el tercer país europeo, tras Francia e Italia, que legisla para atajar el problema de las toneladas de comida que año tras año acaban en la basura.

En este sentido, el ministro Planas ha cifrado en un 30% la pérdida de alimentos que se produce en el transcurso de la cadena alimentaria, lo que equivale a 31 kilos o litros por habitante y 250 euros anuales por persona. Según el Gobierno, solo en 2020 los hogares españoles desecharon más de 1.300 millones de kilos de alimentos.

Prioridades para los alimentos

El proyecto legislativo establece un marco jurídico para reducir la cantidad de alimentos que se despilfarran, con actuaciones a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así, establece una jerarquía de prioridades para el uso de los alimentos, donde la primera es el consumo humano.

"Hay que procurar que antes del fin de su vida útil puedan ser aprovechados", ha resumido Planas, que ha apuntado a la posibilidad de que "en el momento próximo a la fecha de consumo preferente se pueda establecer una rebaja en el precio" de un alimento o bebida.

Aunque ha señalado que muchos alimentos pueden consumirse pasada la fecha de consumo preferente, el ministro ha indicado que se ha eliminado de la ley la provisión de donarlos, para evitar que "fuera ligado el tema de los bancos de alimentos con bienes que no estuvieran en las mejores condiciones", por lo que solo podrán donarse alimentos dentro del periodo de consumo preferente.

Si no pueden aprovecharse para el consumo humano, ha explicado el ministro, el siguiente escalón en la jerarquía es la transformación de esos alimentos -por ejemplo, en cremas o zumos- y, en tercer lugar, la alimentación animal. Si tampoco es posible, se destinarán a la industria o para hacer compost.

La hostelería debe permitir llevarte las sobras

Además de la jerarquía de usos, se establecen obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria, que tienen que contar con un plan para disminuir el desperdicio, excepto las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados.

En el caso de la hostelería, los establecimientos tienen que ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse lo que no han consumido sin coste adicional. "Todos los ciudadanos tienen que tener derecho gratuito a poder transportar aquellos restos de la comida que no hayan sido utilizados y que pueden ser consumidos ulteriormente", ha precisado el titular de Agricultura.

También se prevén sanciones de hasta 60.000 euros, aunque el Ejecutivo avanzaba antes del Consejo de Ministros que el ánimo de la ley no es sancionador, sino que pretende concienciar y prevenir para evitar el desperdicio de alimentos.

Participación en la elaboración de la ley

El anteproyecto, aprobado en primera lectura en octubre de 2021, ha pasado desde entonces por el trámite de audiencia pública y se ha nutrido con las aportaciones de cuatro foros participativos.

En cada uno de ellos, el ministro Planas habló con distintos actoresde la cadena agroalimentaria: consumidores y ONG en Valencia, distribución y Canal Horeca en Barcelona, industria en Pamplona y productores primarios en Cáceres.

En este sentido, desde el Gobierno inciden en que la reducción del desperdicio alimentario es un deber ético que afecta a todos los eslabones de la cadena y que debe implicar al conjunto de la sociedad y de ahí la importancia de reunir la máxima participación posible en el proceso de elaboración de esta ley.