Tras la tragedia de Urda
El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria
Los detalles El Consejo de Ministros las ha aprobado este martes. Se incluyen reforzar las facultades de supervisión e inspección de la AESF o incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria, entre otros.
Resumen IA supervisado
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y proteger a los trabajadores del sector. Las medidas incluyen la clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas, reforzando las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y promoviendo una cultura justa que permite comunicar riesgos sin sanciones. Además, se extiende la protección social para el personal ferroviario en condiciones laborales peligrosas. También se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, para coordinar la atención a víctimas y mejorar el marco normativo de atención.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.
Con las medidas, el Gobierno busca precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.
Las medidas aprobadas
La primera de las medidas es la clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas, precisando las actividades que deben registrarse como tiempo de conducción. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
Asimismo, se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista.
Otra de ellas es el refuerzo de las facultades de supervisión e inspección de la AESF. El proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones.
Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión. Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria.
La tercera medida es la implementación de la cultura justa mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.
El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.
La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas. Estas medidas podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.
Además, se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta protección no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.
Por último, las medidas aprobadas incluyen la extensión de la protección social al personal ferroviario, incluyendo de esta manera al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.
Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
El Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo
Por otro lado, el Gobierno también aprueba la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. La nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares a medio y largo plazo, también cuando se desmontan los dispositivos de emergencia.
El Defensor podrá requerir información, exigir respuestas y supervisar el cumplimiento de compromiso de cada organismo. Además, las asociaciones participarán de forma activa, consultiva y permanente, y coescribirán la reforma del marco normativo que presentarán junto al Defensor en tres meses desde su nombramiento.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.