El Gobierno aprueba el decreto con la reforma de las pensiones y la tramitará como proyecto de ley

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que contiene la reforma de las pensiones en forma de decreto en una reunión extraordinaria del Ejecutivo.

"Hemos aprobado la norma, el real decreto, que culmina la modernización del sistema de pensiones y con eso blindamos el poder adquisitivo de los pensionistas de ahora y del futuro", ha celebrado el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una ley que establece un "marco completo" que sustituye a la reforma de 2013 y que garantiza la "sostenibilidad" de las jubilaciones: "Con un marco robusto de sostenibilidad, las pensiones van a estar garantizadas de forma indefinida", ha insistido.

Además, el ministro ha rechazado que esta propuesta vaya a perjudicar a las empresas españolas: "Es un ajuste modesto y no hace falta un esfuerzo extraordinario para las empresas", ha detallado.

"Lo tramitaremos como proyecto de ley. En esta tramitación podemos tener discusiones y ver en qué medida se puede mejorar", destacó ayer por la tarde en la Comisión del Pacto de Toledo tras las críticas de varios grupos por la forma en la que se ha negociado la reforma. Así, los grupos podrían introducir enmiendas al texto que ya ha sido acordado con los sindicatos y "pactado con métricas europeas".

Precisamente, en esta comisión ha explicado que la tardanza en la reforma se ha debido en parte por el condicionamiento de la Comisión Europea del plan de pensiones a la concesión de fondos europeos. Esto tiene que ver, según ha defendido el ministro, es porque España está siendo el primer país en ejecutar los fondos Next Generation y eso, dice, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En parte, tiene una mayor exigencia a la hora de elaborar las reformas, pero servirá como referente para otros Estado miembros que soliciten los fondos.

¿Con qué apoyos contaría?

El Gobierno de coalición sacará adelante la nueva norma con la firma de los sindicatos, pero sin el apoyo de los empresarios. LaCEOE la rechaza porque, dice, es recaudatoria y piden respeto por su decisión.

Y aunque todavía no se conocen todas las posiciones de los grupos parlamentarios, desde el PP también han mostrado ya su rechazo total acusando a la "falta de informes previos y de diálogo". Esta coincidencia, entre oposición y patronal, según el presidente del Gobierno no es casual. "Era evidente que después del posicionamiento de la gran patronal, la derecha política iba a anunciar su voto en contra. Queda claro qué sintonía y sincronía hay total y absoluta", ha manifestado.

En el lado opuesto, dos de los socios fundamentales para la tramitación de la norma, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, han deslizado su visto bueno a la reforma, aunque no han definido de manera definitiva su posición.

Así, Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, ha reconocido que la reforma finalmente presentada ha asumido "pasos muy importantes", que tiene que ver básicamente con la no ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. No obstante, también ha advertido el diputado de "deficiencias" que esperan poder corregir en su paso parlamentario, como es que haya pensiones que estén por debajo de los 1.080 euros del Salario Mínimo Interprofesional.

Del lado de ERC, Jordi Salvador ha apuntado que a su grupo les suena "muy bien" la reforma, porque entiende que esta es progresiva, de manera que "quien más tiene, más contribuye". No obstante, aún cree que todavía "hay margen" para mejorar determinados aspectos de la reforma.

Por otro lado, tanto el PDeCAT como el PNV han apreciado algunas buenas medidas incluidas en la reforma, pero también han señalado algunos puntos que no son de su agrado y esperan poder enmendar en la tramitación parlamentaria.

Entre otros puntos, el portavoz de la comisión del PNV, Íñigo Bariandaran, ha apuntado como negativo la no integración de unas determinaciones relativas a las cotizaciones de los autónomos en el ámbito cooperativo, que es una de las "características principales" de la economía vasca.

Por parte del PDeCAT, Genís Boadella, quien ha apuntado que su formación valora "positivamente" la propuesta, sobre todo el punto de poder elegir entre 25 o 29 años para el cálculo de la pensión; pero ha deslizado su "preocupación" por el aumento del 6% en las cuantías de las bases máximas de cotización, porque considera que podría tener efectos "adversos".