El Gobierno asegura "normalidad" y pide "responsabilidad" ante la ruptura diplomática con la que amenaza Venezuela

Mientras el Partido Popular (PP) celebra su victoria en el Congreso de los Diputados este miércoles y advierte al régimen de Nicolás Maduro de llevarlo ante el Tribunal Penal Internacional a través de su mayoría en el Parlamento Europeo (PE), después de que su Cámara Baja haya propuesto "romper todas las relaciones" con España, el Gobierno confirma que tan solo es una amenaza, llama a la prudencia, así como un alineamiento con la posición de la Unión Europea (UE).

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado durante la mañana de este jueves que "la embajada en Venezuela [en Caracas] está trabajando con absoluta normalidad". También ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, su homóloga en la cartera de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien ha subrayado que el "interés" del Gobierno "va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano".

A renglón seguido, han llegado las críticas a la oposición. Lo ha hecho a la hora de subrayar que mientras ellos salvaguardan los derechos de los venezolanos, "otros se sirven de su pueblo para atacar al Gobierno de España". Unas declaraciones en clara referencia a los populares, contra los que no ha dudado en cargar de forma directa el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Más allá de lamentar que en un intento de atacar al Ejecutivo, Génova lo ha hecho contra "todas las empresas que tienen relaciones comerciales, que tienen negocios en Venezuela", el socialista vasco ha cargado contra la "política de tierra quemada" que, dice, practican cabo los de Alberto Núñez Feijóo. Incluso, la ministra de Ciencia, Diana Morant, les ha acusado de aprovecharse de "la angustia del pueblo venezolano".

Unas palabras que llegan después de que el reconocimiento como presidente de Edmundo González en la Cámara Baja española a iniciativa de los populares haya enfurecido al chavismo. De hecho, se trata de una instancia del Congreso al Gobierno de España que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, equivaliera con "una declaración de guerra".

Una comparación que lo ha llevado a amenazar con romper relaciones diplomáticas, gubernamentales y comerciales con España, al considerar que "este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos de la independencia". Una situación que para Aitor Esteban del PNV -cuyo voto a favor a la iniciativa del PP rompió el sentido de voto del bloque de investidura- presenta algo de sobreactuación.

El nacionalista vasco tampoco muestra sorpresa por la reacción venezolana: "Que iba a venir espuma, ola y declaraciones de Maduro es típico del régimen", ha asegurado Esteban este jueves en Espejo Público. En esa línea, y a pesar de su apoyo al PP, ha valorado positivamente "la posición de intermediación del Gobierno", aunque eso sí, pide prudencia: "Veremos que sucede".

Mientras tanto la vicepresidenta María Jesús Montero hace un "llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos", puesto que las posiciones respecto a "todos los temas diplomáticos" deben estar dentro del "guion de la Unión Europea". A ojos de Montero todos los países deben "ir todos a una porque, evidentemente, España por sí sola no puede hacer nada", ha dicho la socialista preguntada por los medios de comunicación.

Un consenso con la esfera internacional que piden los de Sánchez, pero que su Ejecutivo no tuvo a la hora de reconocer el Estado palestino. Cuestión que Feijóo ya le reprochó en su día y que ahora podría reprocharse a si mismo. No obstante, será Génova a través del Partido Popular Europeo (PPE) quien presente una resolución similar a la aprobada en el Congreso de los Diputados, pero en el Parlamento Europeo (PE), tal y como ha confirmado laSexta.

Cabe destacar que el segundo país del mundo que más invierte en Venezuela es precisamente España. Podría estar en juego la presencia en el país latinoamericano de Telefónica, BBVA, Repsol e Iberia, como muchos otros intereses empresariales. Eso sí, la patronal prioriza garantizar la democracia en Venezuela.