El Gobierno estira el plazo de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' para preservar la coalición

Nadie quiere romper la unidad. Tanto PSOE como Unidas Podemos continúan con las negociaciones para acordar la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. La intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era zanjar el tema cuanto antes con la presentación de la modificación este viernes y frenar el desgaste que está sufriendo el Ejecutivo.

Sin embargo, según ha podido saber laSexta, a última hora de la noche del jueves se imponía con casi toda probabilidad dejarlo para principios de la semana que viene. Se trata, según las mismas fuentes, de una apuesta por la negociación, ya que ambas partes confían en llegar a buen puerto. Si se registra el lunes, por ejemplo, se podría llevar al pleno el martes 14 sin retorcer demasiado los plazos.

Fuentes socialistas de la negociación reconocen a laSexta que el tema "está complicado" aunque siguen trabajando "haya o no haya acuerdo". Explican que Justicia sigue con su planteamiento de reincorporar la violencia y la intimidación y que Unidas Podemos no lo acepta. ¿Hasta cuándo se alargarán als negociaciones? Lo cierto es que, las mismas fuentes confiesan que "si no hay avances técnicos al final la decisión será política", es decir, será el presidente del Gobierno el que "dé un golpe en la mesa y diga 'hasta aquí hemos llegado'".

A estas horas las posturas no se han movido. El principal escollo está en cómo hacer para subir las penas de los delicuentes sexuales. Los técnicos del Ministerio de Justicia creen que la única forma de lograrlo es reintroduciendo la violencia, intimidación o anulación de la voluntad como justificación para un arco de penas mayor. Algo que para Igualdad haría que en los juicios se volviera a poner el foco sobre la víctima y si ésta se resistió a la agresión sexual. Su propuesta es que la violencia se ponga como agravante, y no en el tipo básico.

El ministerio que dirige Pilar Llop no lo ve así. Justicia cree que la violencia o la intimidación siempre serán un elemento de juicio y de prueba y que el "consentimiento de la mujer" sigue siendo el corazón de la ley. Con esta confrontación, las reuniones continúan al más alto nivel, con las ministras Irene Montero y Pilar Llop al frente.

Más de dos meses de negociaciones discretas que en la última semana han saltado a lo público. Esta misma mañana, la ministra de Igualdad ha insistido en que confía en alcanzar un acuerdo aunque también ha reiterado que la discrepancia es "fuerte". No obstante, ha descartado dimitir. "Mi obligacion es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos 20 años. Mi función es esa", ha destacado en RNE. "Se puden cambiar o subir (las penas) pero eso no tiene por qué cambiar la definición de agresión sexual", ha añadido.

Y sobre la posibilidad de que el PSOE termine sacando adelante la reforma de manera unilateral, ha sentencia: "No me gustaría que pacte con el PP volver a la violencia e intimidación, por eso me dejo la piel desde hace meses intercambiando propuestas, porque entiendo la ofensiva que hay frente a un avance feminista como este".

Fuentes de Igualdad a laSexta, en línea con lo dicho por la ministra, señalan que "es evidente que hay un desencuentro sobre si mantener el modelo actual o introducir de nuevo la violencia y la intimidación". No obstante, ponen en valor que el ministerio de Igualdad, "desde diciembre" ha hecho propuestas al socio mayoritario "en silencio y con discreción" de reforma de la ley porque "lo más importante es el acuerdo y la unidad del Gobierno".

Rebajas en el 40% de las sentencias analizadas

Mientras el goteo de reducciones de penas de agresores sexuales continúa. Según fuentes del Tribunal Supremo a laSexta, desde que entró en vigor la ley del 'solo sí es sí', han revisado 14 sentencias. De ellas, seis han sufrido rebajas de penas, con nueve delincuentes sexuales beneficiados (hay una sentencia que condena a dos violadores, la de la Arandina, y otra a tres, la de Orcoyen). Y el resto, 8 sentencias, se han mantenido. Es decir, se ha rebajado el 40% de las sentencias que se han analizado en el Supremo.

Fuentes del alto tribunal apuntan que es "un porcentaje muy alto" y que "lo lógico es que en las Audiencias Provinciales ese porcentaje sea mayor" porque muchas sentencias no se recurren hasta el Supremo por el gasto que supone recurrirlas.