El Gobierno de coalición alcanza un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos y la Ley de Vivienda

El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año y desbloquear la Ley de Vivienda, por la que se han generado tensiones internas en los últimos meses. Lo ha hecho en una reunión previa al Consejo de Ministros en la que han participado Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Ione Belarra y Félix Bolaños.

El acuerdo de los PGE se aprobará en un Consejo de Ministros Extraordinario el próximo jueves, 7 de octubre. El objetivo del Gobierno es que, una vez que consiga el aval del Congreso, las medidas entren en vigor el 1 de enero. Si bien, la ley en materia de vivienda se aprobará en otro Consejo de Ministros del que todavía se desconoce la fecha, según ha indicado Félix Bolaños en rueda de prensa.

A la espera de conocer la letra pequeña de estos dos grandes acuerdos, para el segundo proyecto, el de la Ley de Vivienda, se sabe que se tramitará proyecto de ley aunque todavía sin fecha. Una vez aprobada habrá un plazo para su aplicación y para ajustar los índices de referencia en zonas tensionadas, han avanzado fuentes del Gobierno. Para negociar el índice de referencia, los socios se han dado un plazo de 18 meses, por lo que, aunque la ley entrará en vigor cuando se apruebe, para el índice habrá que esperar.

Esta norma permitiría rebajar el precio del alquiler en el caso de grandes propietarios -que se definirán a partir de las 10 viviendas- en zonas tensionadas. Algo que venía demandando la formación morada desde hace tiempo y que los socialistas rechazaban de manera rotunda.

No obstante, cada comunidad autónoma podrá o no aplicar el índice para bajar el precio para los grandes tenedores porque la política de vivienda está en manos de las autonomías. Fuentes del Ejecutivo precisan que son las autonomías las que tienen que activar la zona tensionada.

Además de esta regulación, para los pequeños propietarios podrá haber incentivos fiscales para que bajen el precio de los arrendamientos. Más allá de grandes y pequeños tenedores, las medidas diferenciarán entre personas físicas y jurídicas. Así, la persona física que tenga menos de 10 pisos tendrá o que congelar los precios del alquiler o bajarlos para beneficiarse de bonificaciones fiscales. A la persona física con más de 10 pisos se le aplicarán las mismas medias que si tiene menos de 10 pisos.

Así, fuentes del Ejecutivo apuntan que una persona física con un piso en una zona tensionada deberá prorrogar el contrato al mismo precio subiendo solo el IPC y podrá obtener una bonificación de hasta el 90% si lo rebaja un 5%. Alquilando a personas de entre 18 y 35 años, podrá obtener una bonificación de hasta el 70%.

En cambio, a la persona jurídica (un fondo de inversión o banco) que tenga más de 10 pisos en zonas tensionadas se le aplicará la obligación de bajar el precio con el índice de referencia y se le quitarán los incentivos fiscales. Se intentará motivar a las personas jurídicas para que opten por la prórroga, puesto que les va a salir más barato.

Asimismo, se hará una apuesta por el parque público de alquiler, reservando un 30% de las promociones para vivienda protegida y la mitad de este porcentaje, para alquileres sociales.

El otro punto que destaca en este acuerdo es el del un recargo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos para las viviendas vacías. En este sentido, se considerará vacía la vivienda que lleve más de dos años desocupada y cuyo propietario tenga cuatro viviendas. No obstante, habrá excepciones, como en el caso de personas desplazadas por motivos laborales o ancianos en residencias. El recargo será del 50% y si se tienen más de dos viviendas puede llegar al 150%.

Bono joven de vivienda

Asimismo, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales para los jóvenes de entre 18 y 35 años que se emancipen.Este plan de ayudas irá destinado a todos aquellos que cuenten con rentas inferiores a 23.725 euros anuales y se llevará a cabo en los dos próximos años.

No obstante, Ione Belarra, ha reconocido en una entrevista en la 'Cadena Ser' que en Podemos desconocían la existencia de este bono que, remarca, "no está incluido en la ley". Asegura que quiere estudiar con más detalle la medida anunciada porque considera fundamental que aquellas medidas que se tomen funcionen. "Me gustaría estudiar esta medida en detalle. Llevamos muchos meses trabajando en la ley de vivienda y hemos sido exquisitas porque no nos podemos permitir que las medidas no funcionen".

Sobre este acuerdo para la ley, fuentes del Gobierno a laSexta confirman que se ha acelerado después de un intenso contacto entre los ministros Ione Belarra, Yolanda Díaz y Felix Bolaños. El acercamiento se produjo este martes por la mañana y ya por la noche los equipos de Derechos Sociales, Trabajo y Presidencia.

Para terminar de atarlo, indican las mismas fuentes, se ha producido una reunión de los tres con Pedro Sánchez y Raquel Sánchez, en la que se ha firmado el acuerdo.

ERC advierte de que su "voto se suda" y Baldoví pide "compromiso"

En líneas generales, la izquierda ha puesto en valor este acuerdo, pero ha advertido de que el Ejecutivo de Sánchez tendrá que trabajar para lograr todos los avales necesarios.

Gabriel Rufián ha asegurado que su partido no será el que ponga "líneas rojas", pero apunta que "hay muchas cosas vinculadas a los PGE y ERC no va a desaprovechar esta oportunidad para mejorar la vida de los catalanes".

En sus declaraciones en el Congreso, también ha querido advertir de que "el voto de ERC se suda" y, a su juicio, "el PSOE está demasiado tranquilo". Sí se ha mostrado a favor de la posición de Unidas Podemos en materia de vivienda y ha indicado que este miércoles se reunirán con Ione Belarra para poner sobre la mesa puntos en común.

Por su parte, la diputada de Más País Inés Sabanés ha celebrado que se haya podido superar el escollo de la Ley de Vivienda y entre "a formar parte de los presupuestos".

Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha desvelado que desde el Ejecutivo y algunos ministerios se está "consultado de forma reiterada" a su formación, lo que parece indicar "que hay un gran interés por cerrar" las cuentas. "El PSOE tiene que hacer un esfuerzo y cumplir los compromisos", ha añadido en sus declaraciones ante los medios.

Sí se ha mostrado crítico el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, que acusa al Gobierno central de alcanzar un acuerdo "aireando sus diferencias", de una forma "poco civilizada" y "poniendo en jaque los fondos europeos". "¿Nos van a contar en qué consiste el acuerdo? Porque habrá gente angustiada pensando en si pueden complementar su pensión con el dinero el arrendamiento", ha señalado.