Anticorrupción está investigando

El Gobierno evita comentar las tarjetas opacas de los reyes eméritos y se ofrece a colaborar con la justicia

Desde el Gobierno muestran su disposición a colaborar con la justicia, pero evitan pronunciarse sobre esas tarjetas opacas de los reyes eméritos que, según el Diario.es, usaron tras la abdicación de Juan Carlos.

El Gobierno "no va a hacer ningún comentario sobre investigaciones judiciales", ha respondido la ministra portavoz, María Jesús Montero, preguntada por la información de elDiario.es sobre que Anticorrupción está investigando gastos de varias tarjetas de crédito opacas usadas por los reyes eméritos y algunos de sus nietos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que el Ejecutivo "siempre ha sido un claro colaborador con la Justicia" y que es un compromiso de este Gobierno "perseguir siempre la ejemplaridad y la transparencia de todas las instituciones del Estado", para apelar, a continuación, al acuerdo para renovar el CGPJ.

"Pero vuelvo a insistir, no vamos a realizar ningún tipo de comentarios sobre actividades (de los reyes eméritos) que hemos conocido por los medios de comunicación, no ha habido información por parte de Casa Real" y ha mostrado la disposición del Gobierno de respetar y colaborar "en todo aquello que se considere que el poder ejecutivo pueda colaborar".

Según elDiario.es, Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos, la reina Sofía y también algunos de sus nietos. También el origen de los fondos con los que se cubrían, ya que es un dinero procedente del extranjero.

Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores a su abdicación -corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, según las fuentes del periódico, y él abdicó en 2014- por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En cualquier caso, estos posibles delitos no están relacionados con la investigación judicial sobre esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.

No vamos a hacer ningún comentario con investigaciones en el ámbite d ela justicia y el Consejo de Ministros no ha hecho valoraciones. El gob siempre ha sido muy claro colaborar con la justicia

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