El Gobierno, a favor de que Puigdemont tenga escolta tras la solicitud del expresident alegando "riesgo"

El Gobierno se ha mostrado a favor de que el expresident catalán Carles Puigdemont tenga escolta, como éste ha reclamado a la Generalitat, alegando un aumento de peligrosidad y riesgo. El propio ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno "tramitará y resolverá lo que proceda". La petición se formuló en paralelo a que el PSOE registrara ayer la ley de amnistía que, de aprobarse, perdonará los delitos cometidos por él y por el resto de políticos y procesados por el 'procés'.

Tal y como han indicado las fuentes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, es la Generalitat a través de su Conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra quien tiene que decidir si Puigdemont cumple con los "criterios técnico-policiales" para contar con el servicio de protección policial. En cambio, si la petición de escolta afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont, sería este país el que tendría que autorizar si deja entrar o no en su territorio a alguien para ejercer funciones policiales.

El servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde que no reside en España en 2017 diferentes polémicas. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.

En abril de 2018, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo al Gobierno el exjefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra. La negativa se comunicó previo informe de la Abogacía del Estado, según precisaron entonces fuentes de Interior. En concreto, se sustentó en dos puntos fundamentales: la pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él y una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español. Todo ello quedaría en suspenso con la ley de amnistía.

El ministro Bolaños, que ayer explicó en rueda de prensa la ley de amnistía que ve "plenamente constitucional", ha asegurado este martes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press que "nadie cuestiona la seguridad de las personas por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", dando por hecho que se tramitará la petición.

Este lunes, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la "asignación inmediata y con carácter de urgencia" de los efectivos de escolta de los Mossos d'Esquadra al expresidente. Preguntado por la posible vuelta de Puigdemont a España, Bolaños la ha supeditado a la aprobación definitiva de la amnistía, la cual ha señalado que es "casi imposible" que se produzca este año. En paralelo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha dicho que el expresidente podrá volver a Catalunya pero cuando la norma esté "en vigor", negando que haya un calendario al respecto.