El Gobierno ve "gravísima" la condena al fiscal general y prepara su sustituto: "Se ha condenado sin ninguna prueba"

Primera reacción del Gobierno tras conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta ven "gravísima" la decisión del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso con otros 10.000 por daños morales.

Desde Metafuturo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha preferido "morderse la lengua" tras conocer la noticia. Los socialistas ven "muy grave" esta sentencia, según las fuentes consultadas.

El Gobierno dice discrepar de la sentencia porque creen que García Ortiz ha sido condenado "sin ninguna prueba" y defienden que el fiscal general del Estado es "absolutamente inocente". En la sentencia ha habido una mayoría conservadora de cinco magistrados que se ha impuesto a los dos magistrados progresistas.

Tras conocer la sentencia, el Ejecutivo traslada que en los próximos días pondrán en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, "que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". "El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado", añaden.

El presidente del Gobierno no ha querido contestar ni a su llegada ni a su salida del Congreso. En su discurso, Sánchez ha hecho dos referencias que pueden interpretarse en clave de la sentencia de hoy: la primera, sobre la labor institucional de los periodistas, siempre defendiendo la verdad, tanto hace 50 años como en la actualidad; y la segunda, sobre los abusos de poder que cambian de forma y que no se consentirá que se salgan con la suya.

"Hoy, viendo lo que está pasando en nuestras sociedades, más que nunca necesitamos ese coraje. La democracia es un privilegio que debemos defender cada día. Hay que defenderla de intereses económicos, de abusos de poder. Firme deseo de neutralizar esa amenaza", ha señalado.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado que, aunque el Gobierno respeta el fallo judicial, no lo comparte. "El Gobierno siempre ha defendido la inocencia del Fiscal General del Estado. Hoy, el Poder Judicial ha hablado, y hemos de respetarlo, pero también tenemos el deber de expresar nuestra discrepancia", ha apuntado.

El ministro ha añadido un mensaje de confianza en las instituciones: "La discrepancia con esta sentencia no puede generar desconfianza generalizada en la justicia. España es un Estado de derecho con garantías para dirimir las diferencias judiciales. Este Gobierno defenderá siempre el trabajo de quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado a través de X: "La condena del FGE a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado".

Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso, es quien ha ido más lejos. Como no forma parte del Gobierno, se ha permitido hablar de "vergüenza". "Las sentencias se acatan, y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos y sabiendo lo que sabemos de todo el proceso me parece una auténtica vergüenza", ha dicho.

Sumar habla de "golpe judicial en toda regla"

En Sumar, por su parte, ven en esta condena "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno". Aseveran que "está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración", y creen que "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país".

Para el socio minoritario de la coalición de gobierno, "este caso tiene una gravedad institucional absoluta". "Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", sentencian.

Inciden además en que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y "quien reconoció en el propio juicio que filtró un bulo", sigue impune. "Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su pareja, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron", recalcan desde el partido de Yolanda Díaz.

Las fuentes de Sumar consultadas por laSexta destacan también como "hecho gravísimo" el que "este proceso ha llegado a poner bajo sospecha el trabajo del periodismo". "Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar al periodismo es autoritario. Y nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas", concluyen.

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