El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir cuantías económicas específicas

El Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han rubricado este lunes el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito.

Los organismos implicados anunciaron su acuerdo este domingo y finalmente se ha firmado este domingo en un acto en el han estado presentes el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.

El protocolo, firmado en la sede del Defensor del Pueblo, establece el marco institucional de colaboración para la organización y funcionamiento del nuevo sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, enfocándose en aquellos casos que no hayan tenido recorrido judicial, por prescripción o por fallecimiento del agresor.

Luis Argüello ha trasladado que la Iglesia "reconoce su responsabilidad" en estos abusos que han prescrito y hace un llamamiento a las víctimas para seguir impulsando el plan. "Hay que poner el acento en las personas", recalca el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha informado que desde el 15 de abril se podrá acudir al Defensor del Pueblo para acogerse a este protocolo.

Por su parte, Bolaños ha detallado que el Vaticano es conocedor del acuerdo y defiende que no se establezca un baremo de indemnizaciones porque "cada caso es diferente". "La última palabra la tendrá el Estado, el Defensor del Pueblo, y la Iglesia pagará", comenta, dentro de un modelo en el que se contempla una reparación integral que "puede ser económica, moral o restitutiva".

"¿Por qué limitar las indemnizaciones?", se pregunta Bolaños, que defiende que no haya un umbral mínimo y/o máximo para establecer estas indemnizaciones.

Los detalles del protocolo

El documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero, que emplazaba a las partes a establecer un procedimiento para que el Defensor del Pueblo mediase con aquellas víctimas que no quieran acudir directamente a la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a víctimas de abusos (Priva). El pasado día 18, Gobierno, Iglesia y Defensor se reunieron y dieron signos de avances para abordar los casos de abusos eclesiales que no tienen recorrido judicial, aunque aún quedaban algunos "flecos".

Entre las demandas que planteaban la CEE o Confer estaba que las indemnizaciones económicas a las víctimas estén exentas del IRPF o que los abusos atendidos por esta vía sean solo de menores. Lo establecido en enero, y en lo que se ha estado trabajando todo este tiempo, es que si las víctimas que cumplen los supuestos acuden a la Oficina del Defensor del Pueblo en esta institución se estudiará su caso y se propondrá una forma de reparación que será analizada por la Comisión Priva. En caso de discrepancia, una comisión mixta lo valorará y, en última instancia, si no hay acuerdo, será resuelto por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer.

Después de más de 20 años sin cerrar acuerdo alguno con la Iglesia católica, este es el cuarto que alcanzan el ministro Félix Bolaños y las autoridades eclesiásticas en las dos últimas legislaturas. Entre ellos están el pacto sobre inmatriculación de bienes, el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, la resignificación del Valle de Cuelgamuros y, desde este 8 de enero de 2026, la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos.

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