Por su inconstitucionalidad
El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional la prioridad nacional de PP y Vox y otras 19 medidas aprobadas en la Comunitat Valenciana
Los detalles El Consejo de Ministros ha aprobado instar a Pedro Sánchez a que presente un recurso contra las modificaciones legislativas aprobadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026.
Resumen IA supervisado
El Consejo de Ministros ha decidido instar a Pedro Sánchez a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra 20 modificaciones legislativas impulsadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Estas reformas, incluidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, son consideradas inconstitucionales por el Gobierno. Entre ellas se encuentra la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, que vulnera el artículo 14 de la Constitución. También se impugna la obligación de mantener el rostro descubierto en espacios públicos y la modificación de la ley educativa que afecta a la igualdad LGTBI. Además, se cuestiona el régimen de provisión de puestos de trabajo en la función pública y la protección del derecho a la vida extendida a los no nacidos. Finalmente, se señala la invasión de competencias estatales en medio ambiente y energía.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes instar a Pedro Sánchez a que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra contra 20 modificaciones legislativas realizadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentra la polémica prioridad nacional de la formación de Santiago Abascal, tal y como ha confirmado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en rueda de prensa.
El Gobierno 'popular' de Juanfran Pérez Llorca ha aprobado junto con Vox varias modificaciones legislativas a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 que aprobaron las Corts Valencianes, muchas de las cuales considera el Gobierno que son inconstitucionales.
Una de las que se impugna es la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, que según el Ejecutivo nacional vulnera el artículo 14 de la Constitución "tanto en relación con los extranjeros como con nacionales, cuando el arraigo se fija por la Comunidad".
Otra de las modificaciones que recurre el Gobierno es la de la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, con las correspondientes infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento.
Además, otro de los artículos en cuestión es uno que concierne a la ley educativa, en la que el Ejecutivo nacional considera que se vulnera la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo "degradándose el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión potestativa".
Por otro lado, la modificación del régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo de la función pública valenciana también está en entredicho porque "se vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución, al exigir a los funcionarios de otras Administraciones para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional una antigüedad mínima de 10 años, que no resulta equivalente ni equiparable al que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat".
También la norma aprobada por PP y Vox que extiende el alcance de la obligación de protección del derecho a la vida a los no nacidos ha sido recurrida, algo que para el Gobierno contradice el artículo 15 de la Constitución y "altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, lo que supone la invasión de la competencia estatal".
Por último, el Gobierno también considera que "se invaden las competencias estatales en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica" en otra de las medidas aprobadas por Vox y Partido Popular.