El Gobierno permitirá que se puedan juzgar los crímenes del franquismo por lesa humanidad

El PSOE y Unidas Podemos han presentado este miércoles una enmienda conjunta a la Ley de Memoria Democrática que abre la puerta a que los crímenes del franquismo puedan ser investigados y juzgados.

Se trata de una norma pensada para sortear la Ley de Amnistía aprobada en 1977 -que impedía a la justicia procesar a personas por estos hechos- sin derogarla.

"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables", reza el texto.

Se trata pues de una norma que permitiría a los juzgados españoles poder investigar y juzgar a personas por las torturas y los asesinatos políticos cometidos durante el franquismo. Hasta ahora todos los intentos para procesar a cualquier responsable de la dictadura habían acabado en agua de borrajas.

Se creará un banco estatal de ADN y una oficina de víctimas

Además, esta enmienda también contempla la creación de un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que tendrá como función la recepción y almacenamiento de estos perfiles, así como de personas afectadas por las sustracción de recién nacidos, para compararlos con vistas a la identificación genética.

Asimismo, se creará una oficina de víctimas para su apoyo técnico y para recoger los testimonios de las personas perseguidas por la dictadura. Este organismo también realizará labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos de las víctima del franquismo.

Otra de las medidas será incorporar archivos y documentación sobre la dictadura que se encuentren en manos privadas al Centro Documental de la Memoria Histórica y se garantizará el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados, así como la consulta de documentos históricos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado y la Guerra Civil.

Se incorporará además la figura de Fiscal de Sala para la investigación de hechos que constituyan violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura.

El Valle de los Caídos será el Valle de Cuelgamuros

La ley contempla también el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse el Valle de Cuelgamuros, lugar donde solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil para su reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje.

La enmienda también incluye el resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura.

Los retratos de la dictadura no podrán estar en espacios públicos

La norma también prohibirá la visibilidad de retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura, por lo que no podrán mostrarse en lugares representativos ni en despachos y otras estancias de altos cargos, espacios comunes ni áreas de acceso público.

Se creará un centro de memoria democrática

La enmienda establece que el Consejo de Ministros deberá designar una comisión técnica que, en el plazo de un año, deberá presentar un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico para las víctimas.

El secretario de Agenda 2030 celebra la enmienda

Enrique Santiago (Unidas Podemos), secretario de Estado de Agenda 2030 y uno de los negociadores de esta enmienda, ha celebrado el acuerdo alcanzado y ha admitido que el efecto en la justicia no "va a ser muy importante" ya que muchos implicados han fallecido, pero permitirá alcanzar "la verdad judicial".

"No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura, si no a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables", ha explicado Santiago, que ha aludido a las personas que han cometido delitos de tortura.