El Gobierno plantea a la Fiscalía que el protocolo de Canarias para menores migrantes vulnera derechos fundamentales

El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido a la Fiscalía de Menores un informe sobre el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias respecto a los menores migrantes, al considerar que puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia.

Dicho protocolo, publicado este jueves por el Ejecutivo canario en su boletín oficial, señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.

Tras su publicación, la Fiscalía de Canarias emitió un decreto en el que daba instrucciones para identificar a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco, e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.

Este sábado, el Ministerio que dirige Sira Rego explica que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es exclusiva de la comunidad, independientemente de la situación en la que se encuentren.

El informe remitido por este departamento a la Fiscalía de Menores señala que el protocolo vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española que establece que "los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos", según fuentes del Ministerio citadas por Efe.

Además, no atiende al interés superior del menor, reconocido en la Carta de Derechos del Niño y la legislación sobre derechos de la infancia, y supone una violación de los derechos de los menores al estar limitando su protección en el territorio autonómico. Igualmente, vulnera esos derechos al no tener una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor y es contrario al Estatuto de Autonomía en la medida en que la comunidad no ejerce su competencia exclusiva en materia de protección de menores.

"Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo", según el Ministerio de Juventud e Infancia, que traslada su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.