Tribunal Supremo
El Gobierno recurre la suspensión de la 'ley de nietos' y critica el "exceso" del Supremo en su resolución: "No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo"
Los detalles La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, ha enviado un escrito en el que recalca que, con su decisión, el tribunal "entra a valorar" la instrucción que el Ministerio de Justicia dictó en aplicación de la Ley de Memoria Democrática a pesar de que "no ha sido aquí recurrida".
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La Abogacía del Estado ha recurrido la suspensión cautelar de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivada de la 'ley de nietos', adoptada por el Tribunal Supremo, y ha criticado el "exceso" de esta resolución. El recurso presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo señala que el Supremo evalúa una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022, que no fue recurrida ni puede serlo. Los servicios jurídicos del Estado consideran que el debate debería centrarse en la decisión de la Junta Electoral Central y defienden que no hay riesgo en el crecimiento del censo, argumentando que no afectaría el resultado electoral.
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La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha recurrido la suspensión cautelar de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivada de la 'ley de nietos' adoptada por el Tribunal Supremo y ha criticado el "exceso" de esta resolución.
El recurso de reposición, al que ha tenido acceso laSexta y que se ha presentado ante la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que adoptó la suspensión cautelar, señala que con su decisión el Supremo "entra a valorar" la instrucción que el Ministerio de Justicia dictó en 2022 en aplicación de la Ley de Memoria Democrática a pesar de que "no ha sido aquí recurrida, no podría serlo ante el alto Tribunal al que nos dirigimos y no podría serlo ante la jurisdicción contenciosa, entre otros motivos porque hace ya mucho tiempo que es firme".
"Mucho menos puede alcanzar esta resolución, lo que hace, sobre los actos administrativos, muchos firmes, de concesión de la nacionalidad, dictados en aplicación de la citada instrucción", añade el documento.
A juicio de los servicios jurídicos del Estado, el debate jurídico debería "ceñirse, por tanto, a la decisión recurrida, el acto de la Junta Electoral Central dictado en ejercicio de sus competencias en materia de censo electoral".
Por otro lado, defiende que el "presupuesto de hecho del que parte el auto es erróneo", ya que, a su juicio, "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes".
"Y aún en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia", añade antes de señalar que "nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática".