El Gobierno da el primer paso para blindar el aborto en la Constitución y requiere a Ayuso que cree el registro de objetores

El Gobierno da el primer paso para blindar el derecho al aborto en la Constitución. El Consejo de Ministros ha solicitado este martes un informe al Consejo de Estado para reformar la Carta Magna y, paralelamente, el Ejecutivo ha enviado un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley y ponga en marcha el registro de médicos objetores.

En concreto, se ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Carta Magna con la intención de incorporar un nuevo apartado, que sería el cuarto, con la siguiente redacción: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

De esta forma, este añadido se incluiría en el Título I de la Constitución dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. La reforma se tramitará mediante el procedimiento ordinario. En el Ejecutivo calculan que esa reforma constitucional llegará al Congreso a principios de año.

Reforma constitucional

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba por la mañana en una entrevista en la 'Cadena SER' que el trámite para blindar constitucionalmente el aborto se iniciaría este mismo martes con el requerimiento de un dictamen al Consejo de Estado "para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43".

Para el presidente, "la amenaza de un PP absolutamente desdibujado y ultraderechizado y una ultraderecha que obliga a gobiernos a recortar todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres", exige el "blindaje" de este derecho. Un debate, apostillaba, que no es exclusivo de España, recordando que Francia ya lo consagró en su propia Constitución. Además, recalcó que esta reforma es necesaria en tanto hay gobiernos autonómicos que incumplen la ley "por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que no va a ser una "reforma sencilla", puesto que requerirá el apoyo de tres quintos de las dos Cámaras. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por Efe, ha defendido que la reforma pretende ser un "escudo constitucional" de los derechos de las mujeres ante una "ola reaccionaria". "Espero que el PP esté a la altura de este reto", ha advertido, pidiendo al primer partido de la oposición "que se una a esa mayoría necesaria para la reforma".

La propuesta de reforma constitucional llegaba al Consejo tras ciertas negociaciones entre PSOE y Sumar, que a primera hora de la mañana mostraba reticencias con la reforma propuesta con el PSOE, aunque posteriormente fuentes del socio minoritario del Gobierno apuntaban que las discrepancias se habían solventado.

Requerimiento formal

En esa misma entrevista, Sánchez también adelantó que se iba a "requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley" y aprobara el registro de objetores. De lo contrario, advirtió, el Ejecutivo recurrirá. "Me gustaría que un partido de Estado como es el PP le exija a la Comunidad de Madrid cumplir con la ley", deslizó asimismo el líder socialista, que incidió en que hay que "hacer cumplir la ley en todo el Estado", también "en la Comunidad de Madrid".

Posteriormente, la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le respondía en rueda de prensa, donde acusó al presidente de dirigirse a ella "en tono machito"sobre este asunto. La Comunidad de Madrid, no obstante, se ha abierto ahora a crear el registro de objetores, tras el toque de atención de Alberto Núñez Feijóo de la víspera, aunque juega al despiste y fuentes de la Puerta del Sol apuntan a laSexta que la decisión final no está tomada.

Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, a su vez, confirman que ya se ha enviado el requerimiento a Sol. El Gobierno central, recordemos, instó la semana pasada a Madrid y otras tres comunidades autónomas que aún no tienen implementado el registro de objetores a ponerlo en marcha. De ellas, según el Ejecutivo, Asturias sí ha dicho que lo cumplirá y ahora deben contestar las otras tres comunidades. Además de Madrid, las otras dos son Aragón y Baleares, todas ellas gobernadas por el PP.

En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por Efe, que ya ha activado formalmente el procedimiento legal para requerir que esas tres autonomías elaboren el registro, aunque solo Madrid ha expresado "explícitamente" su negativa. Ahora tienen un plazo de un mes para responder al requerimiento. Si no lo hacen, Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo".

García, además, ha enviado un mensaje directamente a la presidenta madrileña, que la semana pasada espetó un "váyanse a otro lado a abortar" en la Asamblea: "Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas".

Lo que no se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes es la prohibición de que se dé información falsa a las mujeres que decidan abortar, que aún se está elaborando. El Ejecutivo prepara esta medida a raíz de que el PP del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respaldara una iniciativa de Vox para obligar a informarlas sobre el inexistente 'síndrome post aborto'. Posteriormente, el primer edil madrileño tuvo que recular y admitió que no tiene ninguna evidencia científica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.