Choque con el PP
El Gobierno no retirará la reforma que beneficia a etarras y exige al PP que deje de "usar de manera tan indigna el terrorismo"
Visiblemente enfadada por las recientes declaraciones del PP, Alegría ha pasado a continuación a explicar y defender el por qué de esa normativa, insistiendo en que "el PP no puede decir que no sabían lo que estaban votando".
El Gobierno sigue adelante con la reforma de la ley que permitirá rebajar las penas a presos de ETA al contabilizar el tiempo que hayan estado en cárceles de Francia. Fuentes de Moncloa insisten a la Sexta en que pasó su tramitación en el Congreso y en que no hubo vetos ni enmiendas en el Senado. En línea con esas intenciones, hoy el PSOE y sus socios de legislatura se han negado en la Junta de Portavoces del Senado a retirar la enmienda de la ley.
La ministra portavoz Pilar Alegría se ha mostrado indignada con la "manera tan obscena" en la que el PP "usa el terrorismo". "ETA desapareció hace 13 años y exijo al PP que dejen de usar de manera tan obscena el terrorismo. Lo que es indigno es que 13 años después el PP siga haciendo esta utilización tan indigna", ha destacado en rueda de prensa tras el Consejo de ministros.
Visiblemente enfadada por las recientes declaraciones del PP, Alegría ha pasado a continuación a explicar y defender el por qué de esa normativa, insistiendo en que "el PP no puede decir que no sabían lo que estaban votando".
La ministra ha defendido que se trata de una "transposición europea, una normativa que es indiscutible en derecho europeo y que fue aprobada por el PP europeo". "Tenemos un informe del Consejo Europeo que avala por unanimidad esta ley", ha seguido explicando la socialista. Además, ha recordado que el trámite parlamentario se comenzó después de que "la Audiencia Nacional elevara una cuestión prejudicial para adoptar la normativa europea".
"Ha sido debatido, dialogado y votado en ponencia, en comisión y en pleno. Y después del Congreso llegamos al Senado. Allí, durante el tiempo que ha estado esta ley no ha habido ninguna enmienda ni veto a este proyecto de ley", ha sentenciado.
También ha recordado la ministra que "este texto que se va a aprobar en el Senado es literal el que aprobó el señor Rajoy en Consejo de Ministros en 2014. Por tanto fin. Entenderán que el PP no puede decir que no sabían lo que estaban votando", ha remarcado.
Afectada, la portavoz del Gobierno ha insistido en varias ocasiones en que el "PP deje de engañar y mentir. Aquí no hay ningún tipo de error o fallo. Les exijo de dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo".
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido que esta reforma es una "pieza básica" para la cooperación en justicia en la UE. "Era una pieza que faltaba por trasladar a nuestro país. Nos dejaba a los españoles en desigualdad", ha defendido en los pasillos del Congreso.
"No vale recurrir ahora a no sé qué trampas o qué supuestos engaños. Esta ley se ha tramitado durante seis meses y solo ha tenido 13 enmiendas. No valen excusas", ha insistido en relación con las críticas del PP. "Lo que queremos es adaptar la legislación europea a la española", ha añadido.
En cuanto a las víctimas, el portavoz socialista se ha mostrado comprensivo. "Entiendo a las víctimas en este momento, hemos sido los socialistas los que hemos hecho más cosas por las víctimas. Por mucho que otros chillen. Nosotros hemos impulsado más leyes por las víctimas. Que el PP deje de jugar con esos sentimientos. Estamos en Europa cuando nos gusta más o nos gusta menos", ha zanjado.
Interior negó a las víctimas en 2022 que pretendiese rebajar las penas a los etarras
Pero la indignación entre las víctimas se ha trasladado contra el ministerio del Interior. Y es que, según desvela The Objective, el ministerio que dirige Grande-Marlaska negó hace dos años en un correo electrónico, remitido a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que el Gobierno fuese a modificar la ley para que los presos de ETA pudiesen convalidar las penas que habían cumplido en otro país.
"No existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea", decía la misiva. Una prueba de que esta disposición no estaría hace dos años en el guion del PSOE.