El Gobierno saca adelante la Ley de Memoria Democrática en el Senado con el rechazo de Vox, PP y Cs

El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha. Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han presentado por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley que han sido rechazados en el pleno.

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.

El Ministerio de Presidencia ha celebrado el hito afirmando que "hoy nuestra democracia es mejor porque reconoce los mejor de nuestra historia (la Transición, la ley de amnistía y nuestra Constitución) y homenajea a las millones de víctimas que soñaron una España democrática y europea".

"España tiene, por fin, una ley que pone en el centro a las víctimas y nos equipará a los países europeos de nuestro entorno. Es una ley humanitaria y que se fundamenta en los principios de derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y no repetición", ha aseverado el Ministerio en un comunicado.

¿Cómo va a afectar?

Entre los aspectos más relevantes de la ley de Memoria Democrática se encuentra la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura mediante la creación de un mapa de localización de personas desaparecidas. Además, el Gobierno creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.

La ley además declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas y establece que todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario.

Por otro lado, la ley prevé la creación de un Fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista y considerará víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La ley también cambia el nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, y cambiará su significado "con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos" y suprimirá un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que es insuficiente

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha emitido un comunicado en el que "lamenta" que la ley de Memoria Democrática perpetúe "la impunidad para los franquistas y la negación de sus derechos a las víctimas". Se centra así en que la ley "deja en vigor la ley de Amnistía y quiere que el Estado conmemore por igual a quienes murieron dando un golpe de Estado y a quienes fueron asesinados impidiéndolo".

En este sentido, critican que la ley "habla de verdad pero no va a contar la historia de los franquistas en los colegios, ni de la iglesia católica" y "habla de justicia pero no va a juzgar a nadie".

Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética, ha asegurado en esta línea que "si realmente el Gobierno hubiera querido juzgar los crímenes de la dictadura habría derogado la Ley de Amnistía porque mientras esté en vigor la impunidad de los crímenes franquistas asentada en nuestra legislación".

"Es triste saber que vamos a seguir viendo morir a víctimas de la dictadura que han estado la la intemperie durante décadas de democracia y en el año 2022 no vivimos en una sociedad democrática capaz de garantizar sus derechos", explica Silva, que añade: "Y es lamentable ver cómo todos y cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos del golpe de 1936 y de la dictadura franquista se van de rositas, como si no hubieran hecho nada. Terrible lección le dan las instituciones democráticas a nuestra sociedad cuando deciden en el año 2022 seguir dejando impunes las mayores atrocidades que han conocido nuestra sociedad. Es terriblemente injusto con las víctimas y es un caldo de cultivo perfecto para el regreso del fascismo".

En este sentido, la ARMH establece diez medidas que no están incluidas en la ley de Memoria Democrática y que, a su juicio, deberían incluirse:

• Derogación del artículo de la Ley de Amnistía que protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista
• Celebración de un día de conmemoración en memoria de las víctimas del franquismo.
• Que el Estado actúe de oficio para que las familias recuperen los bienes incautados.
• Que exista un censo de verdugos y personas que se beneficiaron de la violencia fascita y la corrupción de la dictadura.
• Investigaciones para detallar la responsabilidad de la iglesia católica en el golpe de Estado de 1936.
• Incluir en la formación de ejército y fuerzas de seguridad del Estado materias de memoria histórica.
• Creación de un organismo público que atienda a las familias y busque a desaparecidos.
• Retirada de las bibliotecas los libros amputados por la censura franquista
• Digitalización de la documentación relacionada con la represión.
• Equiparación de los beneficios sociales de las víctimas del terrorismo y el franquismo.