El Gobierno saca pecho con la aprobación de una batería de leyes que ponen fin al año más difícil de la legislatura

El Gobierno ha puesto este viernes punto y final a una de las semanas más intensas y turbulentas de la legislatura, después de aprobar el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, una de las normas que más discusión ha generado en el Congreso de los Diputados; también, por el duro enfrentamiento que ha mantenido con la oposición y con el Constitucional después de que el tribunal aceptase el recurso de amparo del Partido Popular que permitía frenar la reforma con la que el Ejecutivo planteaba la renovación del órgano jurídico. Dos cuestiones que han servido al Ejecutivo para retratar la unidad del bloque de investidura ante las cuestiones de relevancia.

Este jueves, la Cámara Baja daba luz verde a la ley trans con 188 votos a favor, 150 en contra y la sonora abstención de una de las mayores representantes del socialismo institucional, Carmen Calvo. De igual forma se daba pie el mismo día, pero en el Senado, a la polémica reforma de la sedición y la malversación, esa que ha dejado tocado al Ejecutivo de la coalición, por 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones, tan solo unas horas después de que el Constitucional rechazase el recurso del Senado para votar las enmiendas relativas a la renovación del tribunal. A pesar de esta resolución, en Moncloa consideran este paso como uno de los objetivos cumplidos.

No fueron las únicas normas que vieron la luz o avanzaron ayer en ambas cámaras. Pareciera, de hecho, que el Gobierno ha querido dar un impulso notable a determinados objetivos de cara a entrar al nuevo año con una remesa distinta de planes. Este jueves también el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de universidades con 176 votos a favor (justamente el número de apoyos mínimo necesario para sacar adelante una norma orgánica), la abstención de un apoyo habitual como EH Bildu y el voto en contra de la bancada de la derecha y la CUP. Esta ley plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.

Más normas vieron la luz, como la nueva Ley de Empleo, que tiene por objetivo transformar el actual Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que prevé permitir una mejor gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico para el erario; también, y a petición de EH Bildu, que Inspección de Trabajo se pueda pronunciar en un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE). O el proyecto que traspone una directiva europea para proteger a quienes denuncien casos de corrupción o informen sobre infracciones normativas, incluyendo multas de entre 1.000 y un millón de euros en caso de acciones u omisiones que limiten los derechos y garantías incluidas en la ley, obstaculizando, impidiendo o ralentizando las actuaciones.

Otras norma aprobadas por el Gobierno: la ley del 'solo sí es sí', la ley de eutanasia o la reforma laboral

Y la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene el objetivo de fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros y pretende procurar que la actividad pesquera contribuya a la creación de empleo y a la generación de riqueza. Al tiempo que el Congreso sacaba leyes a todo trapo, algo similar sucedía en el Senado. Allí, en la Cámara Alta, lo senadores daban luz verde a las leyes por las que se cede el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración a seis comunidades autónomas: Canarias, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares. Y apoyaban la nueva Ley de Cooperación Internacional que prevé, entre otros objetivos, destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030.

Estas leyes aprobadas a lo largo de las últimas horas se unen a otras tantas que el Gobierno de Sánchez ha logrado sacar adelante a lo largo de la legislatura; normas como la reforma del derecho al aborto, que elimina el permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años; la ley del ‘solo sí es sí’, que tanta polémica ha generado en las últimas semanas al generar una brecha usada por condenados por agresiones sexuales para solicitar una revisión de penas a la baja; la también discutida reforma laboral, tras el viraje de los diputados de UPN y el error de uno del PP, que suponía remover las estructuras del sistema laboral en nuestro país; o la ley de eutanasia. Todas ellas resultan para el Gobierno la prueba de que se han hecho los deberes desde el inicio de la coalición.

El Gobierno cifra sus promesas cumplidas

De hecho, en su balance de final de año, Sánchez y los suyos aseguran que arrancan el último curso de la legislatura, que arrancará este 1 de enero de 2023, con el cumplimiento del 67% de los compromisos que se había fijado para esta legislatura; estimando, además, en más de 1.500 los objetivos cumplidos desde que arrancó el Gobierno de la mano de Unidas Podemos en 2019. Estos datos, recogidos por la agencia Servimedia, son el resultado de un exposición preliminar que culminará este mismo martes, cuando el presidente del Gobierno haga el balance oficial y definitivo del camino andado a lo largo de estos tres años.

En ese informe preliminar, denominado 'Cumpliendo', se apunta además que el grado de cumplimiento de los objetivos pactados entre socialistas y miembros de Unidas Podemos ronda el 68,7%, frente al 44,4% de hace un año, lo que supone un incremento del 24%. El documento anticipa dos porcentajes más de interés: uno, del 75,8%, referido al nivel de los compromisos mostrados en comparecencias públicas de Sánchez; otro, del 57,8%, en relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos con otras agrupaciones políticas. La exposición concluye con un dato más de cara al final de la legislatura: este último tramo se inicia con 20 de los 1.513 compromisos cuyo trámite para lograrlo aún no se han iniciado.

La oposición habla de "fraude electoral"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo​ ha afirmado que "estamos ante un Gobierno insólito" que, según ha criticado, "está haciendo las cosas exactamente contrarias a las que se comprometió". "Eso, en mi opinión, es un fraude electoral", ha manifestado. Mientras, desde el Gobierno apuntan a la derecha como generador de crispación: "Tenemos un PP que no aceptó el resultado de las urnas y que quiere conseguir revertir derechos y avances por la puerta de atrás", ha declarado Isabel Rodríguez.

Así, la piña entre Gobierno y los socios se deja ver ante un rival común, el PP, que ha logrado tumbar de la mano del Constitucional dos enmiendas impulsadas para desbloquear los relevos en el Alto Tribunal