El Gobierno y sus socios reactivan la maquinaria para derogar la ley Mordaza

El Congreso celebra este jueves una nueva reunión de la ponencia encargada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', con intención de seguir sellando acuerdos entre los partidos del bloque de investidura e intentar aprobarla en la Comisión de Interior este mismo mes y elevarla al Pleno en febrero.

El PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados en el Congreso solicitaron a finales de diciembre que la Cámara habilitara enero, inhábil a efectos parlamentarios, para poder seguir trabajando en una iniciativa que empezó a tramitarse hace ya más de dos años.

Una vez obtenida autorización para reunirse, se ha convocado la ponencia para este jueves. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos que integran el Gobierno y sus socios han seguido negociando esta semana y prevén celebrar al menos otra reunión de la ponencia que, como todas, será a puerta cerrada.

El Congreso aceptó reformar la 'ley mordaza', nacida del Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en septiembre de 2020, cuando dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada con este objetivo por el PNV. Pero después la iniciativa estuvo bloqueada más de un año porque se iba ampliando continuamente el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que no se registraron hasta finales del año pasado.

En los últimos 12 meses los grupos del Gobierno y sus aliados en el Congreso han mantenido más de una treintena de encuentros discretos para intentar acercar posturas, pero la ponencia, de la que forman parte todos los grupos parlamentarios y se reúne a puerta cerrada, no volvió a reunirse hasta el pasado 21 de diciembre.

Uso de pelotas de goma

Esa cita sirvió para incorporar al texto algunos acuerdos, aunque aún persisten desacuerdos sobre temas como la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, lo relativo a las faltas de respeto a los agentes o las denominadas 'devoluciones en caliente'.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ponente de la reforma, confía en que, a más tardar en febrero, sea aprobada en comisión y si es posible también en el Pleno para su remisión al Senado.

Respecto a la prohibición del uso de pelotas de goma que defienden formaciones como ERC y Bildu, Santiago ha abogado por no tratarlo en la Ley de Seguridad Ciudadana sino por remitirlo a la que regula los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por que mientras haya un "compromiso político" del Ministerio del Interior para dejar de usar este tipo de material que puede causa "daños irreparables" y avanzar en su sustitución.

En una reciente entrevista con Europa Press, el también portavoz del grupo confederal en la Comisión de Interior destacó que ya quedan "pocos escollos" y que los acuerdos alcanzados van en la "buena dirección" como demuestra, a su juicio, las protestas que planean ante los mismos ciertos sindicatos policiales "politizados" por la derecha.

Otro de los asuntos que sigue sobre la mesa es cómo se "objetivan" las sanciones por falta de respeto a la autoridad, materia en la, según Santiago, que toca ser "pedagógico" y lograr una redacción para que no haya "márgenes de subjetividad" a la hora de establecer qué es falta de respeto y qué no.

Desobediencia

También sigue sin haber acuerdo sobre el concepto de desobediencia. En este punto, el también diputado de IU apuesta por definir "muy bien" qué situaciones comportan sanción, siendo evidente que tienen que ser sancionadas todas las actitudes que pongan en peligro la seguridad de las personas.

Así las cosas, la ponencia volverá a reunirse este jueves con intención de seguir avanzando en la búsqueda de consensos, y, previsiblemente volverá a hacerlo la próxima semana. La idea, si es posible, es reunir este mismo mes también a la comisión para aprobar el dictamen de la reforma.

El siguiente paso, será elevarlo al Pleno para su aprobación y remisión al Senado, con la intención de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado en el primer trimestre del año que viene, antes de la precampaña de las elecciones locales y autonómicas de mayo.