Granados ve un "contrasentido" que siga imputado en la Púnica y el juez haya exonerado a Aguirre

El exconsejero madrileño Francisco Granados ve un "contrasentido" que el juez del caso Púnica le haya procesado por la presunta financiación irregular del PP de Madrid al mismo tiempo que ha sacado de la causa a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Granados, que además de ser consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ocupó el cargo de secretario general del PP regional, reprocha al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le aplique "distinto rasero o criterio" para enviarle al banquillo de los acusados cuando ha exonerado de responsabilidad a los dos expresidentes por hechos que considera similares.

"No hay indicios suficientes para pensar que la presidenta del PP de Madrid y candidata número 1 en las elecciones de 2011 conociera cuestiones económicas relacionadas con su campaña ni con el partido que presidía. ¿Cuáles son los indicios en el caso de Granados?", se pregunta en su recurso al auto de procesamiento, al que ha tenido acceso EFE.

Subraya, en clara referencia a Aguirre, que si se ha archivado la causa para cargos que "no tenían conocimiento de los hechos" o que incluso pudieron tener una "ignorancia deliberada", no existe "otra opción" que hacer lo mismo con él, a no ser, dice, que "se le quiera mantener en esta causa" por ser "el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama Púnica".

Granados sostiene que no hay indicios de que conociese o participase en la superación del límite de gasto electoral del partido para las elecciones de 2011, a diferencia de Aguirre, que tuvo una conversación con González el 8 de marzo de 2017 que "denota al menos un conocimiento de esa posibilidad".

Tampoco hay indicios, en su opinión, de que "recibiera dinero en efectivo" para sufragar los gastos de la campaña del PP y se pregunta cómo se mantiene su supuesta responsabilidad penal cuando para el resto de supuestos participantes, como el empresario Javier López Madrid, se ha archivado la causa por falta de indicios.

A lo largo del recurso, de 115 páginas, Granados cuestiona que el juez aplique un criterio para exonerar a algunos investigados, entre ellos Aguirre y González, mientras a él le mantiene en la causa pese a que no tenía responsabilidad en la gestión económica de la campaña, de la que únicamente era competente -dice- el exgerente del PP de Madrid y también procesado Beltrán Gutiérrez.

Su función de director de campaña -señala- era "testimonial" o "decorativa", y quien ostentó la Secretaría General del PP de Madrid a partir de noviembre de 2011 era Ignacio González, "persona que controlaba por su interés en dichas campañas todos los actos derivados de la misma en unión a la presidenta del partido, Esperanza Aguirre".

Además de subrayar que, como en el caso de ambos expresidentes, para él los hechos también estarían prescritos, Granados reprocha que el juez le mantenga procesado por beneficiarse presuntamente de un único informe de reputación "online" que realizó una empresa de la trama cuando saca de la causa a Aguirre, González o a la exconsejera Lucía Figar, a quienes "sí se le hicieron innumerables trabajos desde 2011 y 2014".

Unos informes que "al parecer, fueron abonados o contratados en algunos casos de manera ilegal", dice Granados, que no entiende por qué se le mantiene por ello procesado pese a que "no hay ningún indicio que lleve a pensar" que "conocía la existencia del informe, ni cómo se contrató ni si se pagó o no".