EL MINISTERIO MANTIENE SU SILENCIO
Hacienda mantiene en su puesto a Ángel Álvarez, el funcionario que se auditó a sí mismo en el caso Acuamed
Se auditó a sí mismo y perdió la imparcialidad a la que le obliga su cargo, lo que se podría considerar una falta grave.
Hacienda mantiene en su puesto a Ángel Álvarez Capón, jefe de Auditores encargado de inspeccionar las cuentas de la empresa pública Acuamed y a la vez miembro del Consejo de Administración de la empresa investigada.
El funcionario se auditó a sí mismo, según denuncia el sindicato Ghesta, y no apercibió irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que ahora investiga Anticorrupción. Una incompatibilidad que se podría contemplar como falta grave.
Los controles del Ministerio de Hacienda fallaron en el caso Acuamed. No fueron las auditorías estatales, sino la denuncia de un trabajador de la empresa pública quien destapó el presunto fraude en la adjudicación de contratos públicos.
"Esto demuestra que los controles de Hacienda no funcionaron porque no detectaron una irregularidad millonaria como la de Acuamed", señala Salvador Faura, del Sindicato Técnicos de Hacienda Gestha.
Los técnicos de Hacienda denuncian que un miembro del consejo de Administración de Acuamed fue el mismo encargado de supervisar las cuentas de la empresa para Hacienda. Es decir, se auditó a sí mismo y perdió la imparcialidad a la que le obliga su cargo.
"Un consejero de Acuamed, un consejero de cualquier sociedad, no puede ser por mucho que sea interventor de la ONA el jefe del equipo que audite esa empresa", explica Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.
El Ministerio de Hacienda mantiene su silencio porque, dice, el caso está bajo secreto de sumario. "Nos sorprende que a día de hoy no tengamos noticias de que haya sido cesado de alguno de los dos cargos públicos que ostenta", asegura Faura.
Ángel Álvarez Capón sigue siendo el jefe de la división uno de la Oficina Nacional de Auditoría y mantiene también su cargo como miembro del consejo de administración de Acuamed. Se puede comprobar en el organigrama de la empresa.
"Puede ser considerado una infracción muy grave el hecho de que un funcionario público incumpla sus normas de independencia e incompatibilidades", afirma Carlos Sáez, socio de 'Trebia Abogados'. Esto conllevaría una sanción que podría suspenderle de su cargo o separarle del servicio temporalmente.