Igea alerta del plan antiabortos de PP y Vox: "Pueden colocar a los sanitarios en situación de acabar imputados"

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido a la Junta que "menoscabar" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está tipificado en el Código Penal y ha registrado una batería de preguntas en las Cortes tras conocer el protocolo de atención a las mujeres embarazadas. Para Igea el objetivo del protocolo es "disminuir el número de interrupciones del embarazo".

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y médico alerta así del inestable camino por el que transitan las nuevas medidas anunciadas este jueves por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox). El nuevo protocolo establece "la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre" e incluye la elaboración de ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

"No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad", ha advertido Igea. , quien ha añadido que: "No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo".

"¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado. "¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?". De este modo, Igea ha reseñado que en la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso, tras lo que se ha preguntado si se "ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que 'ofrezca' estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del código penal".

"Es obligatorio que alguien dimita ya"

Durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de laSexta, Igea ha mantenido que "éticamente es reprobable y penalmente perseguible. No podemos imponerle la moral a las personas". "Somos médicos, no consejeros espirituales, y nuestra obligación es prestar una asistencia correcta a nuestros pacientes. No tiene pies ni cabeza que se haga un anuncio de estas características sin contar con nadie, sin encomendarse a Dios ni al diablo", ha recalcado.

Igea ha censurado en laSexta el "incomprensible silencio" del presidente, -Alfonso Fernández Mañueco-, "que está haciendo de avestruz, como siempre". "Es obligatorio que alguien dimita ya porque no se puede hacer un anuncio de este calibre y que aquí nunca pase nada. La comunidad es un circo, y hoy dimite el consejero de Sanidad o el vicepresidente, porque alguien está mintiendo claramente a los ciudadanos y tratando a las mujeres como menores de edad", ha asegurado.

Tudanca habla de "un ataque intolerable a los derechos de las mujeres"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado a la Junta de pretender "coaccionar" a las mujeres que quieran abortar. Tudanca ha advertido de que Fernández Mañueco "hace tiempo" que "ha metido" a Castilla y León en un "túnel del tiempo". "Vamos hacia atrás, a los tiempos del NODO", ha recalcado el líder socialista, quien considera que estas medidas, que el propio García-Gallardo calificó de "provida" durante su presentación, suponen "un ataque intolerable a los derechos de las mujeres" de la Comunidad.

Así, ve "inaudito" que tras tener que reformar el Código Penal "hace poco" para hacer frente al "acoso" que sufrían a la puerta de las clínicas las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo, ahora "sea un Gobierno, una institución, la que trate de coaccionar a las mujeres y dificultar que ejerzan su derecho".

El Gobierno rechaza el cambio: "No permitiremos retrocesos"

El Gobierno rechaza de plano los cambios antiabortistas que ha anunciado la Junta de Castilla y León, liderada por PP y Vox, y que implanta la escucha del 'latido fetal' para las mujeres que quieran abortar, así como una ecografía 4D.

"Este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país", ha declarado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a 'El País'.