Ignacio González niega que Aguirre diese instrucciones para contratar con empresas del 'caso Púnica'

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha dicho que no recuerda que Esperanza Aguirre diera ninguna indicación para contratar a empresas investigadas en el 'caso Púnica' empleadas supuestamente para el desvío de dinero de fondos públicos al PP madrileño, según han informado fuentes jurídicas.

Así lo ha manifestado el exdirigente 'popular' en su declaración ante el juez que investiga la trama corrupta, comparecencia que se ha extendido durante dos horas y en la que González ha respondido a todas las preguntas que le han dirigido las fiscales anticorrupción y su defensa. Al terminar, el expresidente ha dicho a la prensa que ha ido "muy bien".

González ha explicado que la reunión de principios de 2004, en la que, según el instructor, Aguirre convocó a sus consejeros de máxima confianza para dar instrucciones de que contrataran al empresario Horacio Mercado para publicidad, efectivamente se produjo, pero ha remarcado que la entonces presidenta no dio esa indicación. Según las fuentes consultadas, el investigado ha manifestado que Aguirre sólo les presentó el 'logo' que había diseñado Mercado (con el eslógan 'Madrid la suma de todos') y les indicó que debía estar presente en todos los actos oficiales del Gobierno autonómico.

González ha explicado que Mercado, al que conoció en aquella reunión, acudió como tantas otras empresas de comunicación política que hacen un proyecto para una institución y después lo presentan, pero ni él recibió instrucciones de contratar preferentemente con él ni fue testigo de que nadie marcase esa consigna.

La versión de González se contradice con la ofrecida el pasado lunes por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, uno de los hombres de confianza de Aguirre que estuvo en la citada reunión. Lamela dijo en su declaración al juez de la Audiencia Nacional, también en calidad de imputado, que la presidenta invitó a contratar a Mercado y a su empresa Over Marketing. Precisamente, el departamento de Lamela ha salido a colación cuando las fiscales han preguntado a González por la cláusula del 1% que se imponía en Madrid a las grandes adjudicatarias y que éstas debían dedicar a publicidad contratada con las empresas de la Púnica.

El exvicepresidente ha señalado que sabía de la existencia de esa práctica en la Consejería de Sanidad, en ninguna otra. En este sentido, ha defendido que si bien todos los contratos de publicidad de las consejerías pasaban por su mesa, a él le llegaban los expedientes ya enteros y no entraba en el pormenor. Se limitaba a velar por que los mensajes que se lanzaban fuesen congruentes con la estrategia de comunicación del gobierno regional, tarea que a su juicio justifica que la entonces directora General de Medios, Isabel Gallego, se involucrase en este asunto.

En cuanto a la supuesta reunión celebrada en la Asamblea de Madrid en 2012 en la que González habría pedido en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, el expresidente lo ha negado.

Es más, según fuentes presentes en la declaración, ha asegurado que ese encuentro nunca se produjo y, de hecho, ha subrayado que él nunca se dedicó a la financiación de las campañas pues, aunque estuvo en el comité electoral del PP de Madrid, se dedicaba a tareas de coordinación política y estrategia. Todo lo relativo a la contratación y los pagos, conforme ha dicho, lo llevaba el entonces tesorero Beltrán Gutiérrez.

Es la misma tesis que ha defendido la exconsejera y expresidenta del patronato de Fundescam Gádor Ongil cuando ha comparecido a continuación de González también en calidad de investigada. Ha asegurado que nunca se ocupó de cuestiones relativas a gestión de los fondos porque la propia Esperanza Aguirre le dijo que era una competencia de Gutiérrez.

Además de esta pieza 9 de Púnica, González está investigado en el 'caso Lezo', otra macrocausa de corrupción que investiga la Audiencia Nacional sobre los negocios del Canal de Isabel II en el extranjero. Por esta causa, el expresidente estuvo en prisión provisional entre abril y noviembre de 2017.