Varios investigados
Los implicados del 'caso Koldo' no son los únicos: otros comisionistas que se lucraron con contratos de mascarillas
Alberto Luceño o Luis Medina también aprovecharon la pandemia para conseguir contratos y comisiones con los que poder lucrarse, motivos por los que también se ha investigado al hermano y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Además de los implicados en el caso Koldo hay otros comisionistas que vieron en el covid una oportunidad de oro para lucrarse. Entre ellos destacan Alberto Luceño y Luis Medina.
Entre ambos se llevaron seis millones de euros en unas comisiones que llegaron a inflar un 80%. Vendieron las mascarillas más caras del país al Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia por un precio de 6,24 euros la unidad, llegando a vender un millón de mascarillas.
"Lamentamos que seis millones de euros de los madrileños hayan ido a parar al bolsillo de estos dos personajes", confesaba José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en 2022.
Medina aprovechó su amistad con el primo de Almeida para conectar con el consistorio madrileño. "Soy broker de materias primas", se calificaba a sí mismo Luis Medina al ser preguntado por el juez.
La Fiscalía pide nueve años de prisión para él y 15 para Luceño en un juicio que se celebrará en febrero de 2025.
También ha estado bajo la lupa de la justicia el olfato empresarial del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue investigado por recibir una comisión de 234.000 euros al facilitar una venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid por un contrato de 1.500.000 euros.
Un caso que desató una guerra interna en el PP. "Todas las personas que se han dedicado a intentar destruirme a mi deberían ser apartadas", aseguraba entonces Ayuso. Y que terminó con el partido enseñándole a Pablo Casado la puerta de salida. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias pero fueron archivadas.
La pareja de Ayuso también está inmersa en otra investigación. Se le acusa de defraudar 350.000 euros a la Hacienda Pública por intermediar en un contrato de mascarillas