Industria pide al Supremo que el cierre de Castor no implique indemnización

El coste total de la instalación, en sus términos actuales, podría ascender hasta los 1.700 millones de euros, muy por encima de los 700 inicialmente presupuestados, según ha avanzado el ministro durante una comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Soria considera "abusiva para el interés general" la cláusula de la autorización administrativa que recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación -ubicada frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y actualmente en suspenso tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona- pasaría a ser titularidad del Estado.

En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a "dolo o negligencia del operador", al valor residual de este.

"Creemos que si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada", ha apuntado Soria en declaraciones a los periodistas al finalizar la comparecencia, por lo que "hace muchos meses" el Consejo de Ministros decidió recurrirlo al Supremo. Con respecto al importe de ese valor neto contable, el ministro ha explicado que depende del resultado de una auditoría externa que se realiza desde julio para desvelar el "coste real" de la instalación.

En sus términos actuales, la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

La actividad de almacenamiento de gas, como la prevista para el proyecto Castor, está regulada, por lo que tiene la consideración de coste del sistema y se carga a la tarifa, "no a los Presupuestos" Generales del Estado (PGE), tal y como ha recordado Soria.

Sin embargo, estos pagos no se activan hasta que la instalación entra en funcionamiento, de manera que si no lo hace nunca -algo que sucederá "en caso de que no haya seguridad plena"- y el Supremo no lo impide, la empresa tendrá derecho a recibir una indemnización del Estado.

El ministro ha recordado que esta instalación se consideró necesaria y "urgente" en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que "en el momento actual" de caída de la demanda "es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio" que tenga en cuenta la "infrautilización" de las infraestructuras de este sector.

También ha reiterado que "hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad", al tiempo que ha avanzado que, a partir de ahora, todas las iniciativas de fracturación hidráulica tendrán que incluir en su declaración de impacto ambiental con un estudio sísmico.

El diputado socialista Francesc Vallés ha pedido "más información y más transparencia" en la gestión de la situación, así como la creación de una "mesa única" que aúne de forma permanente a todas las administraciones afectadas "hasta que se tengan todos los informes".

La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz ha planteado que "se podría haber evitado" una situación que, ha manifestado, la población afectada vive con "alarma, preocupación pero también indignación".

De la misma manera, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha cuestionado las razones por las que se han producido estos movimientos sísmicos en la zona cuando "hay muchísimos almacenamientos" de este tipo en el mundo que no han supuesto problemas.