El PP insiste en vincular regularización de inmigrantes y censo

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sigue sin aclarar por qué ha pasado de apoyar la regularización de migrantes hace un año a decir que es ilegal. Y no solo eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacerlo para alterar el censo insinuando manipulación electoral, pese a que esos migrantes regularizados no pueden votar en las próximas elecciones.

A pesar de ello, en Sol no han dudado en lanzarse este miércoles a insinuar que los migrantes que se regularizarán pueden votar. "Lo único que están haciendo es la compra masiva o la pretensión de compra masiva de votos con estos anuncios electoralistas y populistas, como si estuviéramos en sus mundos bolivarianos", ha aseverado Ayuso.

Por su parte, desde Génova optan por mezclar aquellos que han recibido la nacionalidad y aquellos que han regularizado su situación, pese a que no es lo mismo: "Usted no tiene derechoa a incrementar el censo de los españoles con la ley de nieto y con la regularización de la inmigración irregular", ha sostenido Feijóo este miércoles desde Zaragoza, donde ha estado acompañando al líder 'popular' en Aragón, Jorge Azcón, en su campaña electoral y no ha aceptado preguntas de la prensa.

De hecho, cabe insistir en que los migrantes que se regularicen ahora no podrán votar en las próximas elecciones, ya que antes tendrían que pedir la nacionalidad y el proceso dura años. Eso sí, en el PP dan otro argumento para oponerse a la medida del Gobierno de Sánchez: hay muchos migrantes en España.

"En este contexto, es una irresponsabilidad", ha subrayado Feijóo, para añadir que "el porcentaje que hay en España de población inmigrante es del 20%", ha añadido Feijóo. No obstante, si preguntamos a expertos como el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Joan Monras sobre si tiene esta regularización beneficios para las arcas públicas, la respuesta es clara.

"La manera de contarlo es un 30% del salario de estos inmigrantes es lo que entre a la Seguridad Social y más o menos es lo que se puede esperar de esta regularización". De esta manera, y haciendo una aproximación, el Estado podría ganar entre 4.000 y 5.000 euros al año con cada trabajador que se regule. Lo dicen varios estudios, que niegan, además, un efecto llamada.

En otra ocasión, fue el candidato 'popular' a presidir el Gobierno de Aragón quien criticó en una entrevista en Onda Cero que con esta medida se iban "a regularizar a personas que todavía no hablan español". Precisamente, Carlos Alsina le preguntó sobre si contaba con datos sobre el asunto: "No, no tengo datos ahora mismo", respondió Azcón. En definitiva, en el PP se oponen a la inciativa a pesar de los datos, al tiempo que subrayan que la regularización va contra la ley europea.

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