De inundarlo de recursos a plantear su eliminación: Vox pone en el punto de mira al Constitucional

El programa electoral con el que Vox concurre a las elecciones generales del próximo 23 de julio es una enmienda a la totalidad del modelo constitucional de 1978 y del encaje de España en la Unión Europea. A medidas como la eliminación de las autonomías o la derogación de las Leyes contra la Violencia de Género, Aborto, Trans o Memoria Democrática, se suma una iniciativa que ha llamado mucho la atención en el mundo judicial.

Es la propuesta número 267 del "programa para lo que importa" con el que Santiago Abascal opta a ser presidente del Gobierno, incluida en el capítulo de "despolitización de la justicia". Dice textualmente: "Trabajaremos por la existencia de un único Alto Tribunal, de forma que el Tribunal Constitucional pase a integrarse y desarrollar sus funciones en una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo".

Según fuentes del alto tribunal consultadas por laSexta, la propuesta de Vox es "absolutamente inconstitucional" y precisaría de una reforma de la Carta Magna que deberían apoyar tres quintos de las Cortes y la celebración posterior de un referéndum que ratificara la modificación. "Es contradictorio presentarse como un partido constitucional y hacer propuestas que alteran todo el sistema de división de poderes que sustenta el modelo constitucional", señalan desde el TC.

Actualmente, el Supremo cuenta con cinco salas que abordan todos los órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. La inclusión de una Sala Sexta, dedicada al control constitucional de toda la normativa aprobada por administraciones y organismos del Estado, implicaría, con todas las complicaciones que ello acarrea, la reforma del Título IX de la Constitución. Este capítulo recoge la composición del Pleno del Tribunal Constitucional, que está formado por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y los dos últimos a instancia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La característica distintiva del Constitucional es que su labor no tiene carácter jurisdiccional, sino que se centra en velar por el cumplimiento de la Constitución. Por ello, no está únicamente formado por jueces y magistrados, sino que también pueden ser designados para el cargo fiscales, catedráticos, profesores de universidad, funcionarios públicos, abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Una quimera electoral

La propuesta, además, precisaría de la aprobación de tres quintos de las Cortes Generales, por lo que necesitaría del concurso, no solo del Partido Popular, sino probablemente también del PSOE. Sus posibilidades de éxito son tan reducidas que el propio programa de Vox incluye una alternativa a la eliminación: "En tanto esto se produzca, modificaremos la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para establecer un plazo máximo de tres meses para que el TC resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad".

La integración del TC en el Supremo supondría, además, que su elección dependería del CGPJ, que mantiene la mayoría conservadora que salió de las urnas en 2011 con la victoria del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. El Pleno debería haberse renovado el 4 de diciembre de 2018 para responder a la mayoría progresista que se gestó en los comicios de 2019, pero la negativa de los populares a pactar con los socialistas el nombre de los nuevos vocales ha prolongado una crisis que incluso se cobró en octubre pasado la dimisión del presidente del órgano, Carlos Lesmes.

De esa forma, también se eliminaría el único contrapeso institucional que tendría la coalición de derechas si alcanza el Gobierno tras la cita con las urnas del 23-J. Tras diez años de mayoría conservadora, el tribunal se renovó en enero pasado con siete magistrados progresistas de los once que componen el Pleno y la presidencia del exfiscal general del Estado con el Gobierno de Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, y después de una polémica maniobra del hasta entonces mayoritario sector conservador, que suspendió de forma cautelar el intento de las Cortes de modificar su ley para forzar la renovación.

Medio centenar de recursos al TC

La propuesta de eliminación del Constitucional por parte de Vox se produce, además, después de que la formación de extrema derecha haya utilizado el tribunal como plataforma política para hacer oposición a la mayor parte de las iniciativas que ha desarrollado el Gobierno de coalición durante esta legislatura.

Durante los últimos meses el partido ha presentado medio centenar de recursos de inconstitucionalidad que siempre han ido acompañados de las visitas al registro del tribunal del líder de la formación, Santiago Abascal; el vicepresidente, Javier Ortega Smith; y la vicesecretaria de Asuntos Jurídicos, Marta Castro.

Entre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la formación se encuentran los relativos a la Ley Trans, que "limita de un modo insoportable las libertades y desasiste a los menores", según la formación; la reforma del Código Penal que eliminaba la sedición y "abarataba" la malversación; la Ley de Memoria Democrática, que Abascal calificó de "absolutamente totalitaria y propia de las peores dictaduras"; o la Ley de Igualdad, que fue presentada por la formación de extrema derecha como una "imposición del sesgo ideológico" en los colegios.