DOS MILLONES DE EUROS
Investigan si subvenciones a la fundación de CDC se destinaron al procés y a Puigdemont
El juez que investiga a la fundación vinculada a la antigua Convergència sospecha que parte de las subvenciones fueron a financiar actividades del procés y al propio Puigdemont.
La Fundación CatMón, presidida por una persona cercana al expresidente Carles Puigdemont, habría recibido más de dos millones de euros de administraciones públicas vinculadas a la antigua Convergència. Ahora, la Guardia Civil está investigando el destino final de ese dinero.
El juez sospecha que parte de esos fondos fueron a financiar actividades del procés y que podría haberse destinado parte de ese dinero al expresident en Waterloo (Bélgica). En el sumario aparece un informe de la Guardia Civil sobre un desvío de 300.000 euros a una cuenta en Suiza.
En un informe de la Guardia Civil hay un posible desvío de 300.000 euros a una cuenta en Suiza.
En el sumario de la operación Voloh, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado sostiene que el registro de CatMón "no revela una intensa actividad cooperativa internacional que justifique la recepción de subvenciones por importe de más de dos millones de euros".
Ayudas ajenas a la fundación
La mayoría, prosigue el juez, se refieren a la tarea desarrollada por Víctor Terradellas, el presidente de esa fundación, para contribuir a la independencia.
Las ayudas que investiga, "por tanto", serían ajenas al ámbito propio de la fundación y "a la finalidad para la cual se destinaron" las subvenciones concedidas.
Según el sumario, la subvenciones de CatMón podrían ser el "único medio de vida" de su presidente.
Malversación y coacciones
El sumario explica de que la vigilancia a Terradellas se desprende que "no se ha llegado a conocer actividad laboral profesional" que le reporte medios económicos. Y que los ingresos obtenidos de las subvenciones "podrían constituir su único medio de vida, lo cual en sí mismo constituye una presunta malversación".
Se investiga si se cometieron uno o varios delitos de malversación de caudales públicos, coacciones, en conexión con posibles delitos de falsedad, negociaciones prohibidas a funcionario y tráfico de información privilegiada, entre otros.