Nuevos documentos de la fundación

Juan Carlos I y Corinna Larsen habrían blindado por contrato el "regalo" de 65 millones

Se trataría del primer contrato en el que figuran juntas las firmas del rey emérito Juan Carlos I y Corinna Larsen. En el documento, al que ha tenido acceso 'El Español', se excluiría el dinero de la herencia de rey emérito.

Juan Carlos I y Corinna Larsen habrían excluido la donación de los 65 millones de euros de la herencia del rey emérito. Así lo habrían especificado en una cláusula de un contrato firmado por ambos en junio de 2012, al que ha tenido acceso en exclusiva 'El Español'. Se trataría del primer documento publicado en el que aparecen juntas las firmas de Juan Carlos I y su examiga Corinna Larsen. En este documento, cuya copia se encuentra en poder del fiscal suizo, Juan Carlos I reconocería ser el primer beneficiario de la Fundación Lucum.

En ese contrato "el donante (Juan Carlos I) es el primer beneficiario de una Fundación que posee activos bancarios estimados a día de hoy en más de 65 millones de euros". "El donante", añade, "desea hacer una donación irrevocable de estos activos a la donataria (Corinna Larsen), que ha aceptado". Además, en una de las cláusulas (según recoge el medio) se establece una "dispensa de relación con la herencia del donante", de modo que esos fondos quedan desvinculados de la herencia del rey emérito.

Según 'El País', Corinna Larsen declaró ante la Fiscalía suiza en diciembre de 2018 (meses después que Canónica) que la transferencia que le hizo el rey emérito en 2012 responde a un "regalo" que le hizo para asegurarle su futuro y el de sus hijos, a pesar de que entonces ya se conocía la importante fortuna de Corinna.

Además, la examiga del rey Juan Carlos I puntualiza en esas declaraciones que Juan Carlos I le hizo un "regalo" a modo de "gratitud y amor": "Era consciente de que había hecho mucho por él; tenía todavía la esperanza de poder recuperarme", aseguró ante el fiscal. Sin embargo, defendió que, en ningún caso, el rey trataba de deshacerse de ese dinero.

Lucum Foundation, según figura en los documentos que también recoge 'El Confidencial' fue creada el 31 de julio de 2008 por el gestor financiero suizo Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica. Hasta 2011, Fasana se convirtió en el presidente de la mercantil, y Canonica, en el secretario del consejo. Pero fue en marzo de ese año cuando se formalizó un acta para dejar constancia de quiénes eran los verdaderos beneficiarios de la sociedad. De esta forma, los nuevos estatutos admitían que el auténtico titular de la fundación y, por tanto, de los 64,8 millones ingresados en Ginebra por Arabia Saudí, era "S.M. Juan Carlos I, rey de España".

El fiscal suizo sospecha que la cantidad ocultada por el rey emérito pudo ser una comisión pagada por el consorcio de empresas españolas que resultaron adjudicatarias del tren AVE entre Medina y La Meca.

'El Mundo' asegura que ha podido hablar con personas de su estrecha confianza que hablan del "profundo malestar", la "decepción" y la "impotencia" del rey emérito antes estas informaciones. No obstante, admiten que Juan Carlos I "no fue todo lo limpio que debía" y que su gran error fue ocultar al fisco español la donación de Arabia Saudí, pues ellos también mantienen que ese dinero "no era el pago de una comisión por la adjudicación de la línea del AVE".

Lo cierto es que en su declaración ante el fiscal, y según recoge en exclusiva 'El Español', Fasana también aseguró que no existe un "documento oficial" que demuestre que los 100 millones de dólares ingresados en la Fundación Lucum fueron un "regalo" a Juan Carlos I del rey de Arabia Saudí. Además, añadió de forma tajante que Juan Carlos l no había declarado ("que yo sepa", dijo ante el fiscal) los fondosa las autoridades fiscales españolas.

'El Confidencial' cuenta, por su parte, que la Casa Real y el Gobierno han empezado a estudiar posibles salidas a la insostenible situación. La "línea" que se está explorando -aseguran- es que don Juan Carlos abandone la Zarzuela o se exilie del país, cuestiones que no requerirían una traducción jurídica. Ambas instituciones han coincidido en la estrategia de poner distancia entre el anterior jefe del Estado y el actual, y ahora se trataría de estudiar si hay más opciones de desvincularse del rey emérito.

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