Juan Carlos I pagará a Hacienda por los regalos de cacerías a las que fue invitado tras abdicar

Juan Carlos I ha aceptado una propuesta de sanción administrativa de Hacienda, firmando un acta de conformidad con la Agencia Tributaria, para poner fin a la inspección abierta contra él por los regalos de cacerías a las que fue invitado tras su abdicación en 2014. Así lo ha publicado este martes el diario 'El Mundo', que informa de que, según los resultados de la investigación, el monarca emérito "debió declarar los desplazamientos en avión con los que le obsequiaron diversos empresarios para asistir a numerosas jornadas cinegéticas".

El rey emérito resuelve así uno de los grandes problemas que mantenía con las cuentas en España. Pero ¿cuál el motivo? La investigación sostenía que debería de haber declarado los gastos mencionados antes. En concreto, los desplazamientos en avión. Esos 'regalos' habrían tenido lugar entre 2014 y 2018; datos clave, porque en esas fechas el emérito ya no era jefe del Estado y, por tanto, no estaba protegido por la inviolabilidad que llevaba aparejada su cargo.

No es el único dato de relevancia que revela 'El Mundo' en su exclusiva: también, que los importes reclamados ahora por la Agencia Tributaria no alcanzan en ninguno de los ejercicios fiscales el umbral de los 120.000 euros a partir del cual está tipificado el delito contra la Hacienda Pública en el Código Penal. Unos pagos con los que Juan Carlos I reconocía el fraude pero, al adelantarse a recibir la comunicación de la investigación de Hacienda, intentaba eludir el delito fiscal. La investigación se ha centrado en dos operaciones de este tipo.

La primera, en diciembre de 2020, cuando el emérito regularizó 678.393 euros ante la Agencia Tributaria, incluyendo intereses y recargos El origen: las donaciones recibidas del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause; la segunda, mucho más cuantiosa, tuvo lugar en febrero de 2021, cuando el monarca abonó de forma voluntaria a Hacienda casi 4,4 millones de euros. En este caso, el motivo fueron los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió en vuelos pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. El disfrute de estos vuelos se considera un 'pago en especie' obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

Estas regularizaciones fiscales se convirtieron en uno de los motivos que ofreció como argumento el fiscal Alejandro Luzón para archivar las diligencias abiertas contra el emérito. Según 'El Mundo', desde el entorno directo del emérito se denunció esta situación al entender que se trataba de "una maniobra gubernamental para mantener un 'nuevo frente abierto' contra él y así congelar cualquier nuevo intento de regresar a España". Sobre todo, tras la polémica que acompañó a su viaje el pasado mes de mayo a Sanxexo, que fue desaprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.