La juez Alaya acusa a Juan Lanzas de utilizar el bufete de Carlos Leal "como un centro de lavado"

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acusado al abogado Carlos Leal de convertir su despacho, Estudios Jurídicos Villasís, en "un centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".

La magistrada destaca en el auto que Lanzas fue "una figura trascendental" para los negocios de Estudios Jurídicos Villasís, y de hecho "se dio de alta" en dicho bufete entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, "teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año".

La juez dice también que Juan Lanzas y Carlos Leal "se prestarían servicios recíprocamente", ya que el 'conseguidor' "proporcionaría" al abogado diversos clientes "por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a su vez, "encontraría en Estudios Jurídicos Villasís la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de 'conseguidor', que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones de euros".

Lanzas podría haber utilizado dicho bufete "como un centro de lavado" de dinero pues, mediante las facturas elaboradas por el presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real, el abogado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas, y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal" entregaría al letrado imputado "sobres con dinero".

Por lo que Estudios Jurídicos Villasís "se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por su empleado Juan Lanzas, elaborándose y abonándose por el despacho facturas falsas por servicios inexistentes al entorno societario de su máximo conseguidor", todo ello "a fin de borrar el origen ilícito del dinero obtenido por ésta basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos", destaca la juez Alaya en el auto.

Este auto que ha presentado la magistrada se compone de 44 páginas, donde la magistrada dice que Carlos Leal, "valiéndose de sus contactos e influencias" tanto en la Junta como con los sindicatos, participó desde el año 2001 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentalizados a través de pólizas de renta, los cuales finalmente "obtenían financiación pública en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos".

Además subraya que las asociaciones fueron un "invento" de los sindicatos a fin de "canalizar algunas subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales y que durante tiempo habría sido admitido por la Junta", punto en el que tacha de "verdaderamente singular" el caso de la Faja Pirítica de Huelva, cuya asociación fue "tan solo un instrumento en manos de UGT y CCOO".

La juez recuerda que el imputado "ha reconocido" que esta asociación, "en definitiva los sindicatos, con la decisiva ayuda de Uniter y del inculpado, que controlaba el contenido de sus cuentas", se habría "apoderado de las indemnizaciones del Fogasa, que ascendían a siete millones de euros". Estos fondos según Mercedes Alaya "son públicos en la medida que proceden de un organismo público" y que "no llegaron a ser entregados a los trabajadores, sino que eran custodiados por la asociación que el imputado gestionaba".

Por lo que la magistrada Alaya precisa que estos fondos procedentes de Uniter "tendrían en múltiples casos un origen público derivado de las sobrecomisiones que cobraba dicha mediadora y que en las operativas bancarias analizadas por la Guardia Civil ascienden a 1.061.700 euros".