La juez Alaya cita a declarar a Guerrero, Antonio Fernández y dos exdirectores generales de IDEA

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputados este lunes al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano.

Por medio de un auto dictado la pasada semana, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a 16 personas que formaron parte entre 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, entre los que se encuentra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y citó a declarar a otras nueve personas que ya se encontraban imputadas en la causa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que suspenda las declaraciones, pues entiende que esta parte de la investigación debe ser elevada al Tribunal Supremo dada la presencia de personas aforadas, como son los exconsejeros de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, Antonio Avila, Carmen Martínez-Aguayo y Francisco Vallejo, "respecto de los cuales se relata su papel en el Consejo Rector de IDEA".

La instructora cita a declarar a Antonio Fernández, Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero "ante la ampliación de los hechos que le fueron imputados en su día por su actuación en el Consejo Rector, por si quisieran añadir algún extremo".

Sobre el exconsejero de Empleo, la juez señala que a partir de mayo de 2001 y hasta enero de 2003 ocupó la presidencia del IFA en su calidad de viceconsejero del ramo, y entre 2003 y 2004 fue vicepresidente del IFA, tiempo en el que asistió a 21 sesiones del Consejo Rector en las que "informó o sería informado por el director general del IFA de 58 convenios" relativos a subvenciones entre la Dirección de Trabajo y el IFA.

El exconsejero "votó favorablemente junto a los demás componentes del Consejo Rector a la firma de 25 convenios, y todo ello participando junto a los demás miembros en el sistema implantado a partir de abril de 2000 en la Consejería de Empleo para el pago de subvenciones concedidas al margen del procedimiento legal".

Así, el pago de subvenciones se haría "sin crédito adecuado y suficiente, sin fiscalización previa por la Intervención General, ni bases reguladoras y con ausencia de los más elementales requisitos", a lo que se suma que "conocía que una gran parte de las ayudas estaban destinadas a la Sierra Norte de Sevilla, e inclusive muchas de éstas al mismo grupo empresarial".

También están citados a declarar los exdirectores de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano, quienes "reconocieron en sus respectivas declaraciones como testigos ante la Guardia Civil, al final de las mismas, que eran conscientes de que las ayudas autorizadas por ellos y por el Consejo Rector eran ayudas directas que debían haber seguido el procedimiento legal de subvenciones".

La juez considera que ambos "participarían del sistema ideado entre la Consejería de Empleo y el IFA, que adopta carta de naturaleza a través del convenio marco de 17 de julio de 2001, al suscribir ambos con Guerrero convenios particulares de ayudas, cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo fuera inferior a 450.759 euros, además de los convenios para ayudas sociolaborales".

Todo ello "conociendo por dicho convenio marco y por su pertenencia a IFA/IDEA que tales ayudas comprometidas por la Consejería de Empleo serían abonadas mediante el uso inadecuado de las transferencias de financiación, destinadas solo a financiar la actividad genérica de IFA o sus pérdidas, pero en modo alguno para el pago de subvenciones, pues ello suponía prescindir del procedimiento legal de subvenciones y de sus controles por parte de la Intervención".

Además, según la juez, ambos imputados "serían partícipes y conocedores del falseamiento del presupuesto de IFA/IDEA, presupuestando gastos inexistentes para permitir el sistema, esto es, el uso de las referidas transferencias de financiación a la Consejería de Empleo", de manera que Francisco Mencía, "a sabiendas de su ilegalidad, firma convenios que sumarían 115,2 millones, entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del Consejo Rector, conociendo que gran  parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales".

De su lado, Miguel Angel Serrano "suscribiría un total de 42 convenios por importe de 210,9 millones" y "conocería desde el primer momento la situación de déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y en el que colabora IDEA anticipando el pago de las ayudas", a lo que se suma que "fue conocedor y partícipe de las importantes irregularidfades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la Agencia y la Dirección General de Trabajo".

La juez considera que la toma de declaración a exaltos cargos de IDEA es "indispensable" para "determinar el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados" en la causa, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros.

A lo largo de esta semana, también comparecerán ante la magistrada el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; el director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero; el director de Industria de este departamento, Jesús Nieto González; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, y a Francisco García Martínez y Rafael Herrera Gil, ambos, exsecretarios generales de Empleo.

La juez también ha citado como imputados a Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008; a Ana María Peña Solís, secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación; Angel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Indsutrial y Energético, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

La juez, que atribuye a todos ellos delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad, también cita a José Domínguez Abascal, secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación; a Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y a Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.

En el auto, la juez analiza uno a uno el papel de los imputados y, sobre Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1986 y 1991, señala que, de las 32 sesiones del Consejo Rector de IDEA analizadas, "sólo asistió a tres a lo largo de siete años", en las cuales "se le informaría de cinco convenios suscritos por la Dirección General de Trabajo --dos sesiones-- y votaría a favor de la autorización de dos convenios".

Asimismo, "se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios", por lo que "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".