Tribunales

El juez Calama solicita a EEUU permiso para utilizar como prueba en el caso Zapatero el móvil del principal accionista de Plus Ultra

Los detalles En ese móvil de Rodolfo Reyes se recogen conversaciones de los directivos de Plus Ultra sobre el rescate de la compañía que ponen de manifiesto las gestiones que realizaron y que pueden ser claves para el caso.

José Luis Rodríguez ZapateroAgencia EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido autorización a las autoridades de Estados Unidos para la utilización como medio de prueba en caso del rescate a Plus Ultra la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente al principal accionista de la compañía aérea, Rodolfo Reyes.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, esta información, en la que se recogen conversaciones de los directivos de la compañía que ponen de manifiesto las gestiones que realizaron para conseguir el rescate, aprobado por la Sepi en marzo de 2021 por un valor de 53 millones de euros, fue puesta a disposición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante un oficio remitido el 18 de marzo de 2026.

Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero". También es suya la frase "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás" que obra en el sumario del caso. Para la efectividad de lo acordado, el juez libra una comisión rogatoria que remite a través de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, y que se tramitará con la colaboración de Eurojust.

El juez Calama, que intenta de esta manera blindar esta prueba y evitar que pueda ser anulada por las defensas, destaca en su auto que la información facilitada por autoridades policiales extranjeras, en cuanto tal, "puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones".

"Los mecanismos de cooperación jurídica internacional −ya sean tratados bilaterales, solicitudes de asistencia judicial o canales policiales institucionalizados−, tienen precisamente por objeto dotar de validez procesal a los materiales obtenidos fuera del territorio nacional, permitiendo su utilización en condiciones equiparables a las de la prueba practicada en España. A estos efectos, resulta procedente recabar a las autoridades de Estados Unidos, a través de los mecanismos formales de cooperación internacional, autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba, y no solo de investigación, del contenido de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas", argumenta.

La información aportada por la agencia HSI procede de una investigación transnacional iniciada en 2018 "contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla" y operaciones internacionales.

Una trama que incluía, según el auto, "desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones, en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos".

Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, continúa el juez.

La agencia estadounidense consideró que ese material podía tener relevancia para la investigación española en torno a las gestiones que derivaron en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra.

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