Caso Plus Ultra
El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero
Los detalles El juez Calama ha acordado investigar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa por el rol de su empresa Whathefav en la trama, a la que atribuye "un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".
Resumen IA supervisado
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas. La decisión responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la declaración de las tres en relación con su papel en la mercantil Whathefav, de la que las hijas son administradoras. El juez señala que la empresa podría estar implicada en operaciones relevantes para el caso. Calama advierte que citarlas como testigos comprometería su derecho a no declarar contra sí mismas. Además, el juez rechaza la ampliación de la comisión rogatoria solicitada por Zapatero y otras diligencias propuestas por la acusación popular.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado imputar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se personarán en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer así su derecho de defensa.
En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En su escrito, el instructor indica que la declaración de las tres se señalará en una resolución aparte.
Calama rechaza también la ampliación de la comisión rogatoria pedida por Zapatero para cuestionar la cadena de custodia de los mensajes de Rodolfo Reyes. La defensa del expresidente del Gobierno pidió al magistrado que la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para poder utilizar en un eventual juicio los mensajes de los directivos de Plus Ultra "se completase" preguntando a las autoridades estadounidenses de Información cómo se consiguió esa información.
Los mensajes fueron enviados por el Homeland Security Investigations y, en ellos, los directivos de Plus Ultra relataban las gestiones que supuestamente habrían realizado primero con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y después con el expresidente del Gobierno para conseguir el rescate de 53 millones de euros, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022.
El escrito recuerda que el Homeland Security Investigations pertenece al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "y es la rama de investigación de esta agencia del Gobierno de los Estados Unidos". La defensa de Zapatero puso así en duda la cadena de custodia del móvil de Rodolfo Reyes, dueño de la aerolínea Plus Ultra en 2021, señalando que la extracción telefónica se produjo en una intervención "inicialmente orientada a contrabando". "Esta parte carece, sin embargo, de cualquier documentación e información al respecto que pueda contrastar.", añade el escrito.
La defensa de Zapatero esgrimía que "la ausencia de los datos completos acerca del dispositivo" de Rodolfo Reyes, "de su aprensión, del método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía norteamericana accedió, así como respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías, y la imprescindible contradicción procesal, que forma parte inescindible de las garantías del juicio equitativo y facilita la igualdad de las partes".
Whathefav habría tenido "un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes"
En relación con las hijas del expresidente, Calama recuerda lo expuesto en el auto del pasado 18 de mayo en el que se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias.
Según apunta el juez, la investigación "atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad".
En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.
Calama advierte que la citación en calidad de investigado no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la existencia de indicios racionales de participación cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos.
Llamarlas como testigos, "un riesgo"
En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.
"Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables", añade en su escrito, esgrimiendo que es "la única vía compatible" con las constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española.
Es más, añade que citarlas como testigos supondría "un riesgo": "La alternativa (citarlas como testigos) generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado".
Sobre la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el juez Calama recuerda los indicios de su participación directa en los que hechos, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada. En su escrito, el magistrado rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo.