El juez Castro pide información sobre las operaciones de la infanta Cristina con terceros

El juez del caso Nóos ha dictado una providencia en la que libra oficio a la Agencia Tributaria para solicitar información de las operaciones con terceros en las que haya intervenido la infanta Cristina, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. 

La petición del juez de Instrucción número 3 de Palma hace referencia a la utilización del modelo 347 de la Agencia Tributaria por parte de la esposa de Iñaki Urdangarin. Esta solicitud es una nueva diligencia solicitada por el juez a la Agencia Tributaria después de que la Audiencia de Palma apuntara en un auto del pasado 7 de mayo líneas de investigación acerca de un presunto delito fiscal y de blanqueo por parte de la infanta. 

En la misma providencia, el juez da traslado de la petición de sobreseimiento de la causa en lo que a él afecta formulada por el secretario de las infantas, Carlos García-Revenga (imputado en esta causa desde el pasado enero) para que las partes informen al respecto y después poder resolver. 

El magistrado ha acordado además no unir al sumario y dejar pendientes de estudio los dos últimos escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción número 3 por Diego Torres, el exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos. 

En esos escritos, Torres solicitó que se le remitan las declaraciones de renta sobre las que se le imputan presuntos delitos fiscales y pidió también varias diligencias de prueba sobre los centenares de facturas que ha ido entregando al juez en las últimas semanas para justificar los gastos en los que incurrió el Instituto Nóos al organizar los eventos Valencia Summit e Illes Balears Forum que se investigan por el presunto desvío de fondos públicos. 

El juez también ha dado traslado de las recientes diligencias pedidas por el expresidente del Govern balear Jaume Matas, también imputado en esta causa, y deja pendiente decidir sobre ellas. 

Castro, además, ha unido al sumario de esta pieza un correo electrónico dirigido a él por el alcalde de Casteldefells, pero no así el escrito que lo acompaña, al considerar el magistrado que ese texto contiene información personal que no guarda relación con la causa. Los plazos aludidos en la providencia empiezan a contar a partir del 2 de septiembre, según estipula la ley.