Caso del fiscal general
El juez Hurtado pregunta formalmente a la Fiscalía si el teléfono de García Ortiz se formateó
¿Por qué es importante? Los agentes no encontraron mensajes en el móvil del fiscal general que le implicaran en la filtración sobre el novio de Ayuso. La Fiscalía admitió entonces que se borran periódicamente. Ahora, el juez pregunta formalmente al respecto.
El juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, ha pedido a la Fiscalía una copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y e-mails y le pregunta formalmente si los dispositivos entregados por Álvaro García Ortiz fueron formateados.
Una petición que llega después de que la UCO de la Guardia Civil no hallase en su móvil mensajes que le relacionaran con la filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y de que la Fiscalía admitiese que se llevan a cabo borrados periódicos. Esta misma semana, el magistrado, que en diciembre pidió a la UCO que siguiera investigando los móviles del fiscal, solicitó una comisión rogatoria a WhatsApp y Google para intentar acceder a los mensajes eliminados.
Ahora, el magistrado Hurtado ha dictado un auto este miércoles en el que acepta dos de las diligencias solicitadas el pasado mes de diciembre por las acusaciones personadas en la causa que instruye por un presunto delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso e investigado por fraude fiscal y falsedad documental, y desestima las restantes.
Protocolos sobre mensajes y correos
Una de las diligencias que acuerda practicar el juez es requerir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo -particulares y corporativos- por miembros del Ministerio Fiscal.
A este respecto, cabe destacar que el fiscal del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Julián Salto, que declaró la semana pasada ante el Supremo, negó que existiera un protocolo de borrado de mensajes de WhatsApp en la Fiscalía. Salto, precisamente, es delegado de la Fiscalía en Madrid Digital, que se dedica a la adecuación de protocolos, por lo que, de haber uno sobre la eliminación de mensajes, él debería conocerlo.
Cambios de móvil y posibles formateos
A su vez, el instructor accede a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con los datos de referencia de cada terminal, y que remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, pide que informe sobre si los anteriores dispositivos han sido formateados y, en caso afirmativo, quién realizó el formateo, la fecha y el software utilizado.
El instructor rechaza el resto de diligencias que las acusaciones proponían respecto a dispositivos móviles y correos, y destaca que quedan supeditadas al resultado de las que ya ha ordenado a la UCO en los autos de 7 y 20 de enero. Solo acepta al respecto la relativa al formateo de los móviles entregados por considerar que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado.
Diligencias rechazadas
Otras diligencias que el instructor desestima practicar por ahora se refieren a la toma de declaración y otras diligencias en relación con varios altos cargos o exaltos cargos de Moncloa. Tampoco accede a la petición de la acusación particular sobre tres periodistas y destaca al respecto que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional y la especial protección que merecen las fuentes de información.
El juez rechaza también la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las diligencias previas en las causa contra Begoña Gómez. Hurtado subraya que "no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente". Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.