Delito de desobediencia
El juez Llarena concluye el sumario para que Ponsatí sea juzgada por desobediencia
El magistrado instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha dictado auto de conclusión del sumario respecto de la exconsejera de la Generalitat catalana Clara Ponsatí, a quien atribuye un presunto delito de desobediencia.
El magistrado instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha dictado auto de conclusión del sumario respecto de la exconsejera de la Generalitat catalana Clara Ponsatí, a quien atribuye un presunto delito de desobediencia.
El juez señala que, una vez practicadas las diligencias necesarias, no se considera precisa ninguna indagación más, y procede a concluir el sumario respecto de ella, remitiendo testimonio de la causa a la Sala.
En el auto, el instructor recuerda que Ponsatí, procesada en situación de rebeldía, fue detenida ayer 24 de julio en Barcelona, y que tras serle practicada la declaración indagatoria, quedó en libertad provisional.
Llarena dictó el pasado 21 de junio una orden nacional de detención contra la exconsejera del Gobierno regional catalán que presidía Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, porque la actual eurodiputada no compareció ante el Tribunal Supremo cuando fue citada para notificarle su procesamiento por un supuesto delito de desobediencia.
Delito sin pena de cárcel
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del 'procés'.
Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito, penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación, propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo descartó.