El juez Ruz imputa a cuatro empresarios que trabajaron para el Gobierno de Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados el próximo 20 de junio a cuatro empresarios relacionados con los pagos presuntamente recibidos por el exconsejero de Cultura, Deportes y Turismo Alberto López Viejo de la trama corrupta liderada por Francisco Correa que se investiga a través del caso 'Gürtel'. 

El magistrado ha citado a Juan Ignacio Hernández Rodríguez, vinculado al grupo Elba, Antonio Martín Sánchez, relacionado con la entidad MQM y a las administradoras de varias sociedades del grupo Rafael, Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno.

Según explica en un auto, desde el entorno de Correa "se habrían efectuado cuantiosos pagos" a López Viejo como consecuencia "de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid". 

El magistrado explica que para facilitar el fraccionamiento de los contratos y así simular "una concurrencia de distintas sociedades", realmente vinculadas con el mismo grupo, Correa empleó no sólo empresas vinculadas con él si no también otras, que accedían a figurar en los documentos oficiales a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento. 

El cabecilla de la 'Gürtel' contaba para ello con la connivencia de los gestores de las empresas, dice el juez que añade que López Viejo tenía también "conocimiento". 

El juez ha citado además como testigos a la jefa de la Secretaría del Viceconsejero de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando este cargo lo ocupaba López Viejo, Carmen García Expósito y al director en 2007 de la Dirección de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid, Javier Peña.

También tendrá que testificar el día 20 una persona aún sin identificar: el firmante de la factura y propuesta de adjudicación de la presentación del Parque Forestal del Sur.  

Además, Ruz pide a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que amplie el informe que realizó el pasado 30 de abril y que ha motivado los nuevos interrogatorios. En él se aseguraba que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.

Del desglose de los actos contratados por cada consejería se desvelaba que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros. 

En el examen de la documentación analizada se ponían de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

También se destacaba que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".