EL MAGISTRADO HA RECABADO ABUNDANTE INFORMACIÓN BANCARIA

El juez Ruz interroga a una socia de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, interroga como testigo a Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo para preguntarle por sus actividades como socia de una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés.El juez investiga pagos por 8 millones de euros que efectuaron empresas adjudicatarias de contratos de administraciones públicas catalanas.

El juez Ruz interroga como testigo a Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo para preguntarle por sus actividades como socia de una de las empresas del hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, y su esposa, Mercè Gironés.

La mujer, que declarará sin abogado y con la obligación de decir la verdad, aparece en el Registro Mercantil como socia de la empresa Project Marketing Cat, una de las cinco propiedad del matrimonio que habría recibido pagos por al menos ocho millones de euros por parte de 17 sociedades del ámbito de la construcción y los servicios que fueron adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

Las otras cuatro empresas investigadas son Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing.

El magistrado, que atribuye indiciariamente a Pujol Ferrusola y Gironés un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, abrió este procedimiento a finales de 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Alvarez. Esta aseguró el 17 de enero de ese año que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

Pujol Ferrusola ha negado ante el juez haber cobrado comisiones ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos, y ha defendido que prestó efectivamente todas los servicios por los que recibió los pagos investigados. Además, se negó a declarar en lo relativo a la herencia familiar y su fortuna en Andorra.

Desde que comenzó la investigación, el juez ha recabado abundante información bancaria así como varios informes de la Agencia Tributaria que acreditan que los movimientos de divisas efectuados por los imputados durante ocho años superarían los 32 millones de euros. Estas divisas habrían acabado en Argentina, Suiza, Uruguay, Luxemburgo, Estados Unidos, México, Francia y Gabón, entre otros países.

 

laSexta/ Noticias/ España