Caso Mediador
La jueza abre juicio oral contra 'Tito Berni' y otras 12 personas por delitos de corrupción en el marco del 'caso Mediador'
El contexto En junio pasado la Fiscalía pidió 8 años de cárcel para el 'Tito Berni' por delito continuado de cohecho y organización criminal; y 13 años de cárcel para Navarro Tacoronte, por cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.
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La jueza de Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Lorenzo, ha iniciado un juicio oral contra el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', y otras 12 personas por delitos de corrupción en el caso Mediador. Entre los acusados se encuentran su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, Marco Antonio Navarro Tacoronte y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. La Fiscalía solicitó 8 años de cárcel para Tito Berni por cohecho y organización criminal, y 13 años para Navarro Tacoronte por varios delitos. Los acusados habrían ideado un plan para obtener beneficios ilícitos a cambio de favores a empresarios en Canarias.
* Resumen supervisado por periodistas.
La jueza de Santa Cruz de Tenerife María Ángeles Lorenzo ha abierto juicio oral contra el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', y otras 12 personas por delitos de corrupción en el marco del 'caso Mediador'.
Además de Fuentes Curbelo, entre los acusados están su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
En junio pasado la Fiscalía pidió 8 años de cárcel para el 'Tito Berni' por delito continuado de cohecho y organización criminal; y 13 años de cárcel para Navarro Tacoronte, por cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.
El escrito de acusación de la Fiscalía señalaba que los acusados actuaron "guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico", para lo cual idearon un plan criminal en virtud del cual, "previa concertación entre ellos y con una distribución de funciones claramente definida proponían a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, todo ello localizado geográficamente en el archipiélago canario".