Operación Azud
La jueza del caso Azud decreta prisión para el exvicealcalde de Valencia y el exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad
Los otros ocho detenidos están en libertad con retirada de pasaportes. La causa suma ya cerca de medio centenar de investigados.
La jueza del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha decretado el ingreso en prisión incondicional por supuesta corrupción en el caso Azud del exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Rafael Rubio y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, así como de tres empresarios detenidos.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la juez ha tomado esta decisión tras la declaración de los detenidos "al apreciar riesgo de destrucción de pruebas".
Los otros ocho detenidos que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad provisional con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial.
El caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia, es una causa declarada secreta y abierta por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
La operación Azud investiga una presunta trama de corrupción urbanística. Comisiones ilegales que se cobrarían a través de facturas falsas a cambio de adjudicaciones de obras públicas entre los años 2000 y 2005. Pero Grau, que ya había sido condenado por cohecho por aceptar relojes de lujo, aseguraba en 2014 que nunca había tocado un céntimo de dinero público: "Tengo la absoluta tranquilidad de no haber actuado a conciencia en ningún momento en ninguna acción contraria a derecho".
Rubio, inmerso además en otras causas, también defendía su inocencia en 2016: "No he cometido absolutamente nada, no me he llevado nada de ningún sitio donde he estado... ¿Qué tengo que hacer? Salir desnudo a la calle y pedir clemencia al Señor? ¡No, hombre!". La jueza del caso sigue tomando declaración a los investigados en una operación que está bajo secreto de sumario.
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha atribuido el caso a una manera de hacer política que ya no tiene cabida en la Generalitat: "No era de extrañar que Rita Barberá estuviera 24 años en la alcaldía, porque presuntamente lo tenía controlado y comprado todo", ha defendido. Y así, mantiene que fue cuando Comprimís entró en el Ayuntamiento de Valencia cuando se acabó con esto: "Irrumpió para decir que se acaba la fiesta de la corrupción", afirma Oltra.