La jueza decana denuncia "los fines espurios" de los ultras que se colaron en los juzgados para grabar a Begoña Gómez

La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, se ha comprometido a "adoptar las medidas necesarias" para evitar que vuelvan a repetirse los "incidentes e irregularidades" ocurridos en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla cuando varios individuos, entre ellos el agitador de ultraderecha Vito Quiles, grabaron e incluso insultaron a Begoña Gómez cuando acudió a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado.

En respuesta a la protesta planteada al respecto por más de medio centenar de periodistas de tribunales, Del Barco destaca los "fines espurios" de quienes, "no se sabe en calidad de qué", accedieron a las dependencias judiciales y protagonizaron los incidentes, así como "la colaboración y el respeto institucional" de los periodistas acreditados de las agencias informativas Efe, Europa Press, Servimedia y Colpisa, que sí cumplieron las normas.

Los incidentes ocurrieron el pasado 5 de julio, cuando la esposa del presidente del Gobierno acudió a los juzgados para declarar en calidad investigada, una comparecencia que posteriormente se vio pospuesta a este viernes, 19 de julio, porque no se había notificado a su defensa una de las querellas interpuestas contra ella.

Ese día, con una gran cantidad de periodistas ante los Juzgados de Plaza de Castilla para cubrir su declaración, se acordó con la jueza decana una representación o 'pool' de solo cuatro profesionales de los medios que pudieron acceder al interior de los juzgados y relatar al resto lo que iba pasando. Sin embargo, varios individuos se colaron de la mano de las acusaciones populares, haciéndose pasar por asesores, y tomaron imágenes de Gómez pese a estar terminantemente prohibido.

Queja de los periodistas

Ante estos hechos, decenas de periodistas de tribunales presentaron una queja en la que denunciaban que, mientras que los profesionales permanecían durante horas a pleno sol en la calle, Quiles, Josué Cárdenas y Jesús Ángel Rojo sí accedieron a la sede judicial y se situaron en la puerta del juzgado en calidad de supuestos "ayudantes de las acusaciones populares", sin comunicarlo antes al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e incumpliendo así el decreto de la jueza decana.

Estos individuos, denunciaban los informadores, al no ser letrados no podían asistir a la declaración ni permanecer en esa condición a las puertas del juzgado, pero se las arreglaron para grabar la entrada y la salida de Begoña Gómez y difundirlo por distintos canales, incumpliendo así el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las instrucciones de la jueza.

Lo hicieron, además, a sabiendas de que no podían grabar dentro del edificio, puesto que así se lo habían advertido el jefe de comunicación del Tribunal Superior, los vigilantes de seguridad y los periodistas de agencia que sí estaban acreditados para estar allí.

Además, según la denuncia de los periodistas, frente a la puerta del juzgado permanecieron al menos otros tres supuestos 'ayudantes' que, al llegar Gómez, sacaron sus móviles para hacer fotos y grabar sin restricción alguna. Cuando se les indicó que no estaba permitido, incluso increparon a los informadores, generando una situación tensa. También periodistas de algunos medios, añadía el escrito, grabaron imágenes de la investigada en los pasillos de la sede judicial, pese a estar prohibido.

Medidas para que no se repita

Ante esta situación, y de cara a la próxima comparecencia de Gómez ante el juez este viernes, los periodistas de tribunales solicitaron que se tomaran medidas para evitar que vuelva a ocurrir, una petición a la que ahora ha dado respuesta la jueza decana.

Así, en un escrito reconoce que los medios acreditados y que habitualmente cubren las noticias de tribunales "cumplieron escrupulosamente con lo acordado" y agradece "su colaboración y respeto institucional", a la vez que admite que se produjeron " incidentes e irregularidades al acceder al edificio judicial otras personas" con "fines espurios". "Se ignora, en realidad, en calidad de qué, pero, desde luego, incumpliendo lo dispuesto en el acuerdo gubernativo", continúa Del Barco.

Finalmente, asegura que se ha tomado nota de lo sucedido y "se adoptarán las medidas necesarias" para que hechos como estos "no vuelvan a reproducirse bajo ninguna circunstancia, con independencia de la identidad del investigado".