El alcalde de Ferrol y otros 16 imputados declaran por el 'caso Pokémon'

Dieciocho cargos políticos, funcionarios y miembros del Grupo Vendex están citados en Lugo para declarar ante la jueza instructora de la 'Operación Pokemon', Pilar de Lara, junto a tres testigos, por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo.

El pasado lunes 23 de junio, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo citó de urgencia a 21 personas para esclarecer el contenido de un informe de los agentes de Vigilancia Aduanera relativo a los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago de Compostela, Ribeira, Boqueixón, Verín y Arteixo.

En el documento se establece que "Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, máximo responsable del Grupo Vendex, ha realizado pagos de elevadas sumas de dinero sin causa justificada aparente a distintas personas con cargos institucionales y/o políticos en entidades con las que además está vinculado el Grupo Vendex mediante contratos públicos".

Según el auto, se infiere que Gervasio Rolando Rodríguez Acosta así como José María Tutor Lemos han diseñado conjuntamente una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones públicas, especialmente de las municipales, realizaría presuntamente sobornos, consistentes en el pago de dinero y agasajo de regalos, detalla.

Estos pagos o regalos "tienen como destinatarios autoridades municipales, políticos y funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy en especial con la local".

Todas estas actividades compatibles con la contratación de "distintas personas 'recomendadas' por las distintas autoridades, políticos y funcionarios", añade. Los partidos investigados en todos los casos son el PP, el PSdeG-PSOE, el BNG y, solo en el caso de Arteixo, Terra Galega, que además, según dice en el auto, podrían estar incurriendo en un presunto delito de falsedad documental a la hora de recibir las donaciones.