Según publica 'El Mundo'

La jueza que instruye el caso del hermano de Sánchez habría sido vigilada durante meses por implicados en la trama de Leire Díez

Los detalles Según publica 'El Mundo', habrían llegado a seguir a Beatriz Biedma hasta el colegio de sus hijas y habrían interrogado a personas de su entorno.

Beatriz Biedma Rojano, la jueza que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez, fue vigilada durante meses por personas implicadas en la trama de Leire Díez, según publica este domingo 'El Mundo'.

El entorno de la trama habría interrogado a los allegados de Biedma y habrían seguido a la magistrada incluso hasta en el colegio de sus hijas con el propósito de acabar con su credibilidad y tumbar la causa.

En concreto, según ha contado el círculo próximo a la magistrada a 'El Mundo', al principio a ella le era imposible pensar en que desconocidos habían comenzado a preguntar a sus vecinos por su forma de vida, sus gustos, por las actividades con la familia y sus aficiones, algo que le transmitieron meses después, lo que dejará ojiplática a la jueza.

Además, también hicieron lo mismo con su mano derecha en la investigación del caso del hermano de Sánchez, el teniente coronel Antonio Balas, quien ha dirigido las operaciones de la UCO en Badajoz a instancias de la magistrada.

La alerta para la magistrada llegó a comienzos de junio de 2025, cuando tuvo conocimiento de unos audios entre Leire Díez y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien fue apartado. "Está la Beatriz Biedma, por supuesto... confírmame si te ha llegado y cuándo voy a presentarla (la denuncia contra ella), la personación y la rueda de prensa", se decía en la conversación.

Sin embargo, ninguna presión consiguió frenar un caso cuyo juicio definitivo ha arrancado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o si fue un caso de presunto enchufismo

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, pidió este jueves la nulidad del juicio, asegurando que se trata de una "investigación prospectiva". En su turno, Cortés subrayó que "la causa empezó con enriquecimiento ilícito o delitos fiscales y viró hacia la creación de su plaza".

Sin embargo, las sesiones se reanudan este lunes, en el que irán declarando los testigos citados, entre los que se encuentran los directores de los conservatorios de música, aspirantes a la plaza que consiguió David Sánchez, miembros de sindicatos y partidos políticos que denunciaron el caso, agentes de la Guardia Civil, o el propietario de un piso de alquiler por el que el hermano de Pedro Sánchez se interesó, entre otros.

Así, y de acuerdo a este auto, el lunes día 1 están citados 15 testigos a declarar; el martes día 2 declararán otros 15 testigos, mientras que el miércoles 3 de junio, será el turno de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Guardia Civil. Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los 11 investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ante el juez Emilio Serrano, si finalmente se cumple el calendario inicialmente previsto por la Audiencia Provincial.

¿De qué se acusa a David Sánchez?

Cabe recordar que David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo llegan a este juicio, junto a otras nueve personas, como investigados en el caso de la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.

En concreto, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.

El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.

La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares.

Cabe destacar que las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.

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