La jueza rechaza el recurso del hermano de Sánchez y analizará sus correos electrónicos en la Diputación

La jueza de Badajoz que investiga una denuncia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha confirmado su decisión de incautar y analizar los correos electrónicos de su cuenta corporativa en la Diputación pacense, una medida que considera "absolutamente idónea a los fines pretendidos", destacando que no se está produciendo ninguna investigación "prospectiva".

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, rechaza un recurso de David Sánchez en el marco del proceso que se sigue contra él y varias personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

La magistrada indica sobre el correo electrónico corporativo de David Sánchez que "dada la naturaleza de la investigación en su caso, el periodo de acceso a sus correos electrónicos debe extenderse desde su creación hasta la actualidad".

Para la instructora, "la afectación al 'derecho al entorno digital' de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento en concreto".

"La medida acordada es absolutamente idónea a los fines pretendidos, sin que desde luego pueda considerarse que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos", argumenta.

Plazo temporal justificado

En el auto, la magistrada recuerda que autorizó la entrada en la Diputación Provincial de Badajoz, un registro que fue llevado a cabo el pasado 10 de julio por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la incautación de los correos electrónicos que, a través de su cuenta corporativa, pudieran haber mantenido las personas relacionadas.

Señala además que el plazo temporal contemplado está "justificado" por ser el espacio en el que se ha desarrollado el procedimiento administrativo desde la creación del puesto de trabajo hasta el denominado cambio de denominación del mismo, "extendiéndose la medida hasta la actualidad con respecto al señor Sánchez para poder determinar con exactitud cuáles son sus funciones y cómo las desempeña por los motivos también convenientemente explicitados".

En una providencia aparte, a la que también ha tenido acceso laSexta, la jueza reclama a la Diputación de Badajoz que, "a la mayor brevedad posible", le informe sobre la fecha exacta en la que David Sánchez fue ubicado en el "nuevo despacho, sito en la Plaza de España, nº 9, 2ºC, CP 06002 , de Badajoz, lugar de trabajo que ocupa en la actualidad" y sobre el destino anterior que tenían dichas instalaciones", ya que de momento no ha dado respuesta, indica.

Biedma también responde a Antonio Garrote, que transmitió al juzgado que desde marzo de este año es diputado en la Asamblea de Extremadura y pidió que se eliminaran del procedimiento todos los correos electrónicos y comunicaciones en los que figure, alegando que la juez no era competente para esa investigación porque él tiene la condición de aforado.

La jueza reconoce que para el conocimiento de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado sería competente el Tribunal Superior de Justicia extremeño, pero que hasta que no se alcance un nivel de solidez de indicios, la investigación corresponde al juzgado de instrucción.

La Agencia Tributaria descarta "un posible delito fiscal"

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria también ha realizado un informe, al que ha tenido acceso laSexta, en el que queda acreditado que la residencia fiscal del hermano del presidente del Gobierno, desde el año 2022, "es Portugal".

Al parecer, en los años anteriores tuvo residencia fiscal en Tailandia y hasta el año 2020 la tenía en España. Además, también han descartado "un posible delito fiscal". "No se aprecian las circunstancias de riesgo fiscal que prevé el Plan Anual de Control Tributario, ya que en los ejercicios 2021 y 2022 la posible tributación del obligado por IRPF arrojaría un saldo a devolver", han aclarado.