Trámite del Código Penal
Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que el aumento de penas por multirreincidencia en hurtos y estafa es un "retroceso" para la reinserción
Los detalles La asociación considera que elevar las penas de prisión "a conductas que se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad que debe regir el ordenamiento jurídico".
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Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal que endurece las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa. Consideran que esta medida es un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción del sistema jurídico. JJpD argumenta que aumentar las penas no aborda las causas estructurales de la delincuencia y que el endurecimiento punitivo no disuade, como demuestra el aumento del 20% en hurtos tras la reforma de 2022. Además, alertan sobre la saturación de los juzgados y la criminalización de la pobreza. Instan a los poderes públicos a buscar soluciones justas y eficaces, respetando los valores democráticos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado su "profunda preocupación" ante la reforma en trámite del Código Penal para endurecer las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa, ya que lo consideran un "retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir nuestro ordenamiento jurídico".
En este sentido, JJpD defiende que "el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad". "La experiencia tras la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces y la cuantía supere los 400 euros) demuestra que el endurecimiento punitivo por sí solo no tiene un efecto disuasorio real, pues desde que se aprobó aquella modificación los hurtos han crecido más de un 20%", subrayan.
Para Juezas y Jueces para la Democracia, elevar las penas de prisión hasta tres años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad "supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal".
Así, alertan de que "la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos globalmente más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad".
De esta forma, la asociación defiende que "la solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos para agilizar la detección, verificación y enjuiciamiento de los supuestos de multirreincidencia, y no simplemente elevar las penas", al tiempo que destacan que España "posee los índices de reclusión penitenciaria más altos de la Unión Europea y, en cambio, uno de los índices de delincuencia más bajos".
"Advertimos de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia el control meramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza", lamentan.
Por todo ello, JJpD insta a los poderes públicos "a abandonar la senda del populismo punitivo y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de nuestra Constitución", concluyen.
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