Juicio por el Pazo de Meirás: las claves para entender qué alegan el Estado y los Franco por su propiedad

Este lunes, la antigua sede de la Audiencia Provincial de A Coruña se convierte en el escenario del juicio que dirimirá la propiedad del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio gallego de Sada. A un lado, la Abogacía del Estado –con la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña como intervinientes– que reclama la devolución del edificio para que vuelva a formar parte del patrimonio público; al otro lado, la familia Franco y una sociedad mercantil que insisten en ser los legítimos dueños.

El veredicto tendrá lugar en los tribunales después de un extenso tira y afloja sin acuerdo entre el Estado y los Franco para reivindicar la propiedad del Pazo de Meirás. Éste fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. En 2017, se creó una comisión de expertos que valoró su reincorporación al patrimonio público, y sólo un año después, el Gobierno, con el apoyo del Parlamento gallego, presentó una demanda contra la familia del dictador para recuperarlo.

En el juicio declararán hasta 17 testigos de ambas partes. A destacar, varios vecinos, el guardia del pazo hasta 1990, un funcionario del Ayuntamiento de la Coruña, el secretario particular de Carmen Polo y de Carmen Franco Polo, el exalcalde de Sada Ramón Rodríguez Ares, los autores del informe sobre las actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de A Coruña, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, y el catedrático de Historia Contemporánea Xosé Manuel Núñez Seixas, autor del informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el inmueble.

Los argumentos para justificar la propiedad

La Abogacía del Estado intentará demostrar en el juicio que se dieron irregularidades en la compra de Meirás por parte de Franco. De esta forma, razonará la devolución del pazo al Estado en base a una escritura de compra fechada el 3 de agosto de 1938 que vio la luz recientemente y que podría dar un giro sustancial a la cuestión judicial.

Este documento demostraría que el contrato de venta del Pazo de Meirás, que fue suscrito tres años después, en 1941, por el dictador, fue "fraudulento" y una "simulación", puesto que ya se había convertido en su residencia tras adquirirlo por una polémica cuestación popular. Se cree además que la entrega del edificio a Franco se hizo por su condición autoimpuesta de jefe del Estado, y no como persona física.

En esta línea, los demandantes sostienen que, durante los años en los que Franco residió en el pazo, éste se mantuvo con fondos públicos del Estado, que asumía la gestión de la finca como residencia oficial, y de ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que sufragaron el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los 70.

Los Franco alegan que el dinero para la compra del Pazo salió de aportaciones voluntarias de vecinos

Precisamente, la cuestación antes mencionada forma parte de las pruebas que ya presentó el abogado de los Franco en la vista previa al juicio, y que previsiblemente aportará también esta vez. La familia alega que el dictador era el legítimo dueño del pazo, y no sólo por las pólizas de seguro y declaraciones de la renta en las que figura el inmueble. También, porque –dicen– el dinero para financiar su pago salió de aportaciones 'voluntarias' de particulares, y no de las arcas públicas. Esta versión difiere de lo expuesto por historiadores y los propios vecinos de Sada.

El pazo, ¿regalo o expropiación?

Fue la escritora Emilia Pardo Bazán quien dio la orden de construir el Pazo de Meirás, que usó como lugar de residencia ocasional. La primera piedra se colocó en 1983 y fue inaugurado en el año 1900. Tras la muerte de Pardo Bazán y el asesinato de su hijo y de su nieto, la propiedad iba a ser donada a la orden religiosa de la Compañía de Jesús. Pero en 1938, en plena Guerra Civil, la adquirió Franco. ¿Cómo?

Según la historia franquista, fue una "generosa donación" –así lo afirma la Fundación Francisco Franco– de los vecinos gallegos, pero las acusaciones particulares sumadas a la Abogacía, así como numerosos documentos, arguyen que esa 'donación' fue resultado de un "expolio". Es decir, que el dinero para comprarlo fue obtenido mediante coacciones a los residentes de la zona y a los funcionarios.

Se habría procedido asía través de la llamada 'Junta Provincial Pro-Pazo del Caudillo', organismo creado en 1937 que, meses antes de que Franco se hiciera con el control del edificio, envió una carta a todos los ayuntamientos de la provincia coruñesa para explicarles cómo debían lograr que esos vecinos dieran su "donativo" para la compra del Pazo de Meirás.

Metían a los vecinos en camiones rodeados de falangistas para firmar en el notario"

Según detalló Fernando Souto, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en A Coruña, a los vecinos "los metían en un camión rodeado de falangistas para que firmaran en el notario". Así, se habrían establecido comisiones por municipios cuya función principal era elaborar listas con los nombres y apellidos de aquellos residentes gallegos a los que visitaban para reclamarles el dinero, una aportación económica que se apuntaba de forma exacta.

"Se les retiró ciertas cantidades de las nóminas para sufragar los gastos del Pazo", afirmó en enero de este año el concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de A Coruña, Jesús Javier Celemín. Por ello, muestran muchas esperanzas en que, con este juicio, el Pazo vuelva a ser de propiedad pública.