La Junta de Andalucía se abre a modificar la ley de regadíos de Doñana con aportes "viables y creíbles"

La Junta está dispuesta a modificar la ley de regadíos de Doñana a través de distintas enmiendas que aporten una alternativa "creíble y viable" que solucione el problema de las familias que están actualmente en una situación de "alegalidad" y que garantice la protección del parque nacional.

Este martes ha arrancado en el Parlamento andaluz la comisión para debatir la proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la que participan expertos y representantes de diferentes administraciones y entidades.

Lo único en lo que han coincidido todos durante esta Comisión, de momento, sobre el nuevo plan de regadíos de Juanma Moreno es en la necesidad de llegar a un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para solucionar de una vez el problema de Doñana.

Diego Pinchardo, alcalde de Rociana del Condado, ha convenido que con los mecanismos y leyes que existen, los responsables deben "sentarse a debatir" y llegar a consensos entre todos.

Contundente también ha sido Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de Almonte: "Esto no va de salvar pajaritos, va de que nuestros nietos puedan beber mañana". Asegura que la ley que propone el gobierno de Juanma Moreno es "absolutamente electoralista" y se está "engañando a los agricultores".

Porque, recalca Castellano, no hay agua superficial suficiente en el acuífero para las hectáreas que se busca legalizar. Una afirmación con la que han coincidido incluso algunas asociaciones agrícolas.

Eduardo López Vargas, secretario de organización de COAG Andalucía, ha reivindicado que no se puede llevar el parque al límite, pues de hacerlo "la agricultura en el entorno de Doñana será inviable para todos".

La comisión ha vivido una jornada muy tensa en la que los regantes han insistido en que esas explotaciones apenas necesitan cinco hectómetros cúbicos más de agua del acuífero. Hectáreas que para organizaciones ecologistas son, simplemente, ilegales.

Desde Málaga, Juanma Moreno se ha abierto a la posibilidad de modificar esta ley. "Hay un problema enquistado, un problema que hemos heredado esta administración. Estamos dispuestos a que este proyecto de ley sea modificado a partir de distintas enmiendas", ha apuntado el presidente de la Junta.

Y a pesar de las palabras de los expertos, insiste en su idea de que su ley garantiza preservar Doñana. "Precisamente esta ley lo que garantiza es que jamás de los jamases se coja agua del subsuelo. Esta es una ley garantista y para preservar el Parque de Doñana", ha señalado. Moreno espera que los comparecientes en el Parlamento hagan "aportaciones en positivo" y que no utilicen esta polémica como se ha hecho en las elecciones.

"Nosotros como gobierno siempre estamos dispuestos a dialogar, a escuchar, a aprender de aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva de la que hacemos nosotros", ha recalcado.

La proposición de ley de PP y Vox plantea ampliar en unas 800 hectáreas las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación de 2014, y que afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

El PP esgrime que esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, pero la iniciativa ha provocado el rechazo del Gobierno central, la Comisión Europea, de los expertos y ecologistas, que temen que acabe afectando al parque de Doñana.