Reivindica su autonomía
La Junta de CyL advierte al Gobierno con "acciones legales" si no retira el requerimiento sobre las medidas antiabortistas de Gallardo
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha entrado en un pulso con el Gobierno, al que ha advertido de posibles acciones legales si no retira el requerimiento realizado la tarde de este domingo para frenar las medidas antiabortistas del vicepresidente García-Gallardo.
El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que se abstenga de dirigir requerimientos "vunerando la autonomía y sus competencias" como son las políticas de natalidad y apoyo a la familia y ha advertido de la posibilidad de implementar acciones legales por "vulnerar el derecho a la autonomía".
Así ha respondido el Ejecutivo dirigido por Mañueco al requerimiento efectuado por el Gobierno de España a última hora de la tarde de este domingo para que la Junta se abstenga de aprobar medidas que vulneren la actual normativa respecto al abortotras el revuelo generado por el anuncio de García-Gallardo.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha reivindicado tener "plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario".
En este sentido, ha rehusado aceptar enviar de manera inmediata sus protocolos al Ministerio de Sanidad, como así había requerido el Gobierno en el comunicado emitido este domingo, donde solicitaba a la Junta que comunicara "de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales con las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas".
El Gobierno de Mañueco ha mantenido el pulso con el Ejecutivo central, al que ha advertido de posibles consecuencias legales: "En caso de que con esta comunicación y, en su caso el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".
Asegura que son medidas de "protección de la mujer embarazada"
El comunicado del Gobierno regional comienza "lamentando" la falta de entendimiento con el Gobierno central y reivindicando "la defensa pionera de la Junta de Castilla y León de los derechos de la mujer".
En este sentido, remarca que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre con "el respeto absoluto a la Ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios". Además, añade, "se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran y se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico".
El escrito detalla así que se hará "respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas"; un extremo, expone "que ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes".
Mañueco define el requerimiento como un "ataque intolerable"
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este extremo, agregando en Twitter que "la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social".
En esta línea, ha acusado al Gobierno central de mentir y niega que la Junta "haya aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios": "El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del "Solo sí es sí" que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales".
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha asegurado que "el Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo" y ha advertido de que no dará "ni un paso atrás" en la implantación de estas medidas: "Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos", ha expuesto en Twitter.