La Junta de Fiscales apoya aplicar la ley de amnistía a la malversación que afecta a Puigdemont

El criterio del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha impuesto ante una Junta de Fiscales en la que, como ya habían anunciado, los fiscales del procés se han mostrado contrarios a aplicar la amnistía a todos los delitos, incluida la malversación. Una reunión de la cúpula fiscal que ha durado más de cinco horas (comenzaba a las 9:30 horas) -con un ligero receso incluido- y en la que prácticamente todos los fiscales han pedido intervenir.

Del total de 36 fiscales que participaban en la reunión, 19 han votado según el criterio del fiscal general y 17 han votado en contra, con una abstención, la del fiscal de Medio Ambiente Antonio Vercher.

Ha habido fiscales progresistas que han votado junto a los fiscales del 'procés', como la exfiscal general del Estado María José Segarra, quien era la fiscal general durante el juicio del 'procés' y no cambió el criterio de los fiscales. También ha habido fiscales conservadores que han apoyado al fiscal general como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

El fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, también ha respaldado al fiscal general; así como su antecesora, Dolores Delgado, cuyo nombramiento anuló el Supremo, si bien todavía no se ha hecho efectivo porque la sentencia no se ha ejecutado. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha votado con los fiscales del 'procés'.

Según precisan fuentes fiscales presentes en la reunión a laSexta, la sesión ha sido un debate técnico que se ha centrado en las diferentes modalidades de malversación. En ningún momento se ha llegado a montentos de especial tensión o ataques personales.

No han entrado a valorar si hay que presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como apuntaban los cuatro fiscales del procés.

La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa serán los encargados de presentar el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de 11 de junio de 2024.

Estos dos fiscales se hacen cargo de la causa por orden del Fiscal General, en cumplimento de las previsiones del artículo 27 del EOMF, coincidente con la voluntad de Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno de ser relevados la misma.

El Fiscal General del Estado ha defendido que entiende que los cuatro fiscales del procés (Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena) equiparan el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", que la ley considera no amnistiable. El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". Asimismo, el García Ortiz ha explicado que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

Tras el informe de la Fiscalía, el Supremo deberá decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos. La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.